martes, 7 de noviembre de 2017

LA BANALIZACIÓN DEL ABORTO


MISOPROSTOL: INTENTAN EXTENDER SU USO

NOTIVIDA, Año XVII, Nº 1067, 4 de noviembre de 2017

Piden que Salud acepte formalmente al misoprostol como abortivo, que controle su precio y que sea de venta libre. Quieren masificar y trivializar el uso del misoprostol del mismo modo que hace 10 años lo hicieron con el de las “píldoras del día después”.
El misoprostol en Argentina es producido por un único laboratorio en combinación con dicoflenac sódico, se comercializa como Oxaprost y está aprobado por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos) para uso gástrico exclusivamente. No está reconocido su uso obstétrico.

No obstante, en la amplia mayoría de los casos el Oxaprost se utiliza indebidamente. Desde los primeros años del gobierno kirchnerista la ANMAT hizo la vista gorda y cada vez que le pidieron que prohíba el medicamento se lavó las manos: “si los médicos lo prescriben por su efecto secundario no es cosa nuestra”. Así, por ejemplo, le respondía hace una década el al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, la institución que por entonces encabeza Néstor Luciani había sido contactada por distintos fiscales de lugares como Ameghino, Morón o Campana en el marco de investigaciones de muertes de gestantes causadas por misoprostol. Ese mismo gobierno facilitó después el acceso al abortivo incluyéndolo entre los medicamentos con “precios cuidados”.

Muchos son los proyectos legislativos que -tratando de preservar la vida del hijo y la de la madre- en los últimos años intentaron que se suspenda la venta de Oxaprost en farmacias y que su uso obstétrico se limite a la inducción del parto o la atención postaborto.

En sentido contrario organizaciones abortistas como el CELS, “Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto” o “Católicas por el derecho a decidir” han buscado que la ANMAT autorice el Oxaprost como abortivo.

Este año varios diputados del Peronismo para la Victoria, encabezados por la correntina Araceli Ferreyra, presentaron un proyecto de ley para garantizar el aborto a petición, que prevé la distribución masiva de misoprostol, incluyéndolo en el Plan Médico Obligatorio (P.M.O) y garantizando su suministro gratuito desde los 13 años en todos los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) del país.

El objetivo es que el misoprostol sea tan accesible como lo es, desde el año 2007, la llamada “píldora del día después”.

Con el mismo fin varios dirigentes socialistas acudieron esta semana al INADI porque consideran “discriminatorio” hacia la mujer cualquier freno a la circulación masiva del misoprostol. En la misma presentación donde piden que se consienta su uso obstétrico, solicitan que se “modifique el precio impuesto al medicamento mencionado de manera tal de suprimir las restricciones a su acceso” y que no se venda con receta archivada porque estiman que “no es necesario” y “genera más obstáculos para recetarlo”. La denuncia ante el INADI está firmada por María Elena Barbagelata, Nina Brugo, María Eva Koutsovitis, Claudio Lozano, Juliana Martino y Héctor Pollino.

La disposición 3646/98 de la ANMAT exige que el Misoprostol se venda con receta archivada y que en su prospecto conste que no debe ser usado por embarazadas. Entre los efectos adversos de la droga la ANMAT destaca: la aparición de malformaciones congénitas en niños de madres que han ingerido Misoprostol durante el primer trimestre del embarazo, diarrea y dolor abdominal en la embarazada (13-40 % de los pacientes) y abortos incompletos con complicaciones que pueden requerir hospitalización y cirugía, cuya consecuencia podría ser la infertilidad.


El misoprostol tiene efecto teratogénico, tras su administración durante el primer trimestre, si el niño por nacer no muere es muy probable que se desarrolle con malformaciones graves, por ejemplo el síndrome de Moebius.

sábado, 28 de octubre de 2017

SINDICATO DE ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD FUNDADA POR EL BEATO NEWMAN

cesa a su presidenta por ser provida

(Infocatólica), 28-10-17

 La votación se produjo después de que Katie Ascough impidiera que el sindicato de estudiantes del University College Dublin publicara información en su revista universitaria sobre el costo del aborto en otros países y sobre píldoras abortivas.

Ascough dijo que ordenó al sindicato que reimprimiera el material que contenía la información porque habría sido ilegal y podría haberles expuesto  a un proceso penal.

Aunque ella buscó asesoramiento legar a tal efecto, los estudiantes que la denunciaron dijeron que los sindicatos de estudiantes han estado publicando material similar durante décadas, a pesar de su ilegalidad.

Amy Crean, que hizo campaña en contra de Ascough, justificó la acción diciendo que los sindicatos estudiantiles también habían distribuido condones cuando eso era ilegal.

La votación para cesar a Ascough fue votaron del 69 por ciento a favor del cese por un 31 por ciento en contra, con un total de 6,611 votos.

La cesada aseguró que «este es un día triste para mí, pero también es un día triste para nuestra universidad. Las universidades deberían ser un lugar de libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad de asociación».


Con información del Catholic Herald

miércoles, 21 de junio de 2017

RECORDARÁN AL P. SANAHUJA


a seis meses de su fallecimiento

allecimientoAica,  21 Jun 2017

Monseñor Juan Claudio Sanahuja será recordado al cumplirse seis meses de su fallecimiento en una misa que se oficiará el viernes 23 de junio, a las 19, en el oratorio del Centro Universitario de Estudios (Cudes), Vicente López 1950.

Fue un claro referente de la lucha por el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y seguidor atento de proyectos legislativos, tendencias sociales y organismos internacionales que pudieran lesionarlo. Fue un inclaudicable y valiente defensor de la dignidad de la persona humana y del matrimonio y la familia.

Sanahuja falleció en Buenos Aires el 23 de diciembre de 2016, a los 69 años. El día de su muerte acababa de aparecer impreso su libro "Poder global y religión universal", un minucioso trabajo de investigación que concluyó poco antes estando ya gravemente enfermo. Tiene más de 400 páginas, editado por Librería Córdoba (Paraná 1013, 4814-5374, www.libreríacordoba.es). Amplía mucho, con nuevos elementos, la primera edición aparecida en 2010 y traducida al portugués. Enfoca la imposición global de una reingeniería social anticristiana con nuevos paradigmas éticos sobre la familia, la salud, la reinterpretación de los derechos humanos. Y subraya el deber de oponerse, sosteniendo principios no negociables, como la vida desde la concepción hasta la muerte natural; el matrimonio como institución, formada por un hombre y una mujer; la libertad de los padres para educar a sus hijos, sin aceptar "la falsa inevitabilidad" de esos nuevos paradigmas.

Por su empeño en la defensa de la vida y la familia, a la que se dedicó durante casi 40 años, Benedicto XVI le otorgó el título pontificio de Capellán de Su Santidad.

Nació en Buenos Aires el 16 de septiembre de 1947. Hizo estudios primarios y secundarios en el colegio Manuel Belgrano, de los Hermanos Maristas. Obtuvo el título universitario en Periodismo en la Universidad de Navarra, España, y colaboró en distintas publicaciones. En la misma universidad años después se doctoró en Teología.

Fue ordenado sacerdote en Madrid, el 13 de agosto de 1972. Pertenecía al clero de la Prelatura del Opus Dei, institución de la Iglesia Católica que conoció en su adolescencia y a cuyo fundador trató durante sus estudios en Roma.

Escribió varios libros, entre ellos "El gran desafío. La cultura de la vida contra la cultura de la muerte", y colaboraciones para obras colectivas. Desde 1998 editó por correo electrónico el boletín Noticias Globales, que proveía material de investigación sobre políticas públicas relacionadas con la vida y la familia. Fue un activo participante en congresos y seminarios provida en distintos países donde requerían su presencia.

Fue miembro correspondiente de la Pontificia Academia por la Vida (1998-2011) y colaboró en diversos organismos de la Santa Sede, especialmente con el Pontificio Consejo para la Familia.


La misa será celebrada por el presbítero Carlos María Mendonca Paz.+ 

domingo, 9 de abril de 2017

HOMOSEXUALIDAD

Un análisis demuestra que solo un pequeño número de Estados Miembros de la ONU está preocupado 

By Rebecca Oas, Ph.D.    
 31 de marzo2017 (C-Fam) 

Un nuevo análisis sobre el sistema de monitoreo de los Derechos Humanos de la ONU demuestra una preocupación universal entre expertos, pero solo un pequeño número de Estados miembros tienen problemas controversiales sobre aborto y homosexualidad.

Los datos revelan que más de la mitad de las recomendaciones hechas por los órganos monitores de los tratados de la ONU sobre Derechos Humanos incluyen presiones hacia los países para que liberalicen sus leyes en materia de aborto y de orientación sexual e identidad de género (SOGI, por sus siglas en inglés), aunque ninguno de los dos conceptos aparezca en tratados de la ONU sobre Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos, el cual monitorea al  Pacto Internacional sobre los Derechos Políticos y Civiles, fue el más agresivo con respecto a SOGI, que apareció en el ochenta y cinco por ciento de sus observaciones del año pasado.

En contraste, un proceso relativamente nuevo llamado Revisión Periódica Universal (UPR por sus siglas en inglés), donde los Estados Miembros de la ONU se revisan mutuamente, demuestra que la obsesión con el aborto y con SOGI permanece tan solo en un pequeño número de países principalmente occidentales. Más del noventa por ciento de la presión con respecto a esos dos temas en la UPR provino de menos de 25 países respectivamente. Al igual que el texto de los tratados vinculantes de la ONU sobre Derechos Humanos, la gran mayoría de los 193 Estados Miembros de la ONU ha permanecido en silencio en cuanto a estos temas polarizados.

Desde hace tiempo hay una separación entre las palabras que están en los tratados, las intenciones de los estados partes sobre los tratados y éstos órganos de monitoreo de tratados. No solo es el hecho de que los tratados omitan mencionar estos temas, también está el hecho de que las propuestas de incluir el aborto y los “derechos sexuales” en las negociaciones en la ONU continúa paralizado y sin lograr consenso. En un intento por evitar este requisito de consenso, estos grupos de expertos trabajan arduamente por establecer sus propios estándares- y culpar al mundo por ellos. Estas opiniones no vinculantes después son recibidas como “de autoridad” por grupos de activistas que comparten sus metas.

Cada detalle y título de los tratados de la ONU sobre Derechos Humanos fueron negociados meticulosamente por los Estados Miembros, después fueron sopesados cuidadosamente por cada país para considerar la ratificación. Una vez que una nación está obligada por un tratado, debe enviar reportes periódicos al órgano monitor del tratado, quien a cambio envía sugerencias para mejorar su cumplimiento. Ese es el proceso.

A mediados de los 1990´s, varias agencias de la ONU y órganos sobre los tratados formularon una estrategia para reinterpretar los instrumentos de derechos humanos para incluir estos temas controversiales con la perspectiva de que esto podría forzar a los países a cambiar su legislación. En un documento técnico de 2007 llamado “Rights By Stealth” (Derechos furtivos), la Dra. Susan Yoshihara y el Dr. Douglas Sylva detallaron la estrategia de una década después, revelando cómo es que esta perspectiva ha demeritado el concepto entero de Derechos Humanos y ha llevado a un aumento en la desconfianza de los Estados Miembros hacia el lenguaje de Derechos Humanos.

Diez años después, el análisis cuantitativo de las recomendaciones de varios órganos, revela que la presión ha ido en aumento.


Mientras tanto, la definición de “familia” establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido atacada por aquellos que pretenden redefinirla, de ser la unidad natural y fundamental de la sociedad a ser una estructura abierta que puede tomar “varias formas”. Para lograr este objetivo, no solo debe haber una nueva interpretación radical para los tratados, también se estaría ignorando un documento base de la ONU y también se le disminuiría su autoridad para favorecer una noción de Derechos Humanos mucho menos universal.