Por: Cynthia Hotton
DIPUTADA NACIONAL
Según estimaciones oficiales, cada año se practican en el país unos 500 mil abortos, es decir, 41.666 por mes, o 1.388 por día. Ampliar los alcances del artículo 86 del Código Penal -que permite el aborto en caso de violación de mujeres idiotas o dementes, o de peligro para la vida o salud- no es otra cosa que correr aún más los límites hacia la práctica desmedida de una acción ilegal cuyas cifras crecen impunemente.
Las recientes expresiones de los ministros de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay y Carlos Fayt a favor de la ampliación de los casos de aborto considerados "no punibles" denotan la falta de respeto frente a la vida humana y una ilógica inconsistencia entre tales intenciones y la irrenunciable función estatal de preservación de sus ciudadanos.
Algunos sectores reclaman a los gobiernos provinciales que regulen administrativamente las condiciones legales para que los médicos puedan determinar el peligro de cada caso y así proceder a ejecutar un aborto sin temor a represalias. No es coherente reglamentar lo "inimputable"; tampoco tiene sentido hacerlo. El plantear lo que no debe ser planteado no hace más que promocionar tal práctica.
El hecho de que el aborto no sea condenado penalmente en algunos casos excepcionales no significa que el hecho en sí no constituya un grave delito. El aborto es una práctica aberrante en cuanto la interrupción de la vida y mientras más se amplíen los límites para su no imputabilidad, más se incrementarán sus índices de incidencia en la población.
Cuánto más grave sería que nuestro Poder Legislativo autorice este cambio de límites, vulnerando los principios jurídicos más elementales y mostrando desprecio por la vida humana. Peor aún sería que los ministerios de Salud provinciales y de la Nación trabajen en pos de garantizar las condiciones de acceso a los abortos permitidos en el artículo 86 del Código Penal.
El eventual guiño oficial al aborto no punible traerá consecuencias irreversibles para una sociedad argentina ya dañada que tiene mucho más para perder que para ganar.
Clarín, 14-10-09
DIPUTADA NACIONAL
Según estimaciones oficiales, cada año se practican en el país unos 500 mil abortos, es decir, 41.666 por mes, o 1.388 por día. Ampliar los alcances del artículo 86 del Código Penal -que permite el aborto en caso de violación de mujeres idiotas o dementes, o de peligro para la vida o salud- no es otra cosa que correr aún más los límites hacia la práctica desmedida de una acción ilegal cuyas cifras crecen impunemente.
Las recientes expresiones de los ministros de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay y Carlos Fayt a favor de la ampliación de los casos de aborto considerados "no punibles" denotan la falta de respeto frente a la vida humana y una ilógica inconsistencia entre tales intenciones y la irrenunciable función estatal de preservación de sus ciudadanos.
Algunos sectores reclaman a los gobiernos provinciales que regulen administrativamente las condiciones legales para que los médicos puedan determinar el peligro de cada caso y así proceder a ejecutar un aborto sin temor a represalias. No es coherente reglamentar lo "inimputable"; tampoco tiene sentido hacerlo. El plantear lo que no debe ser planteado no hace más que promocionar tal práctica.
El hecho de que el aborto no sea condenado penalmente en algunos casos excepcionales no significa que el hecho en sí no constituya un grave delito. El aborto es una práctica aberrante en cuanto la interrupción de la vida y mientras más se amplíen los límites para su no imputabilidad, más se incrementarán sus índices de incidencia en la población.
Cuánto más grave sería que nuestro Poder Legislativo autorice este cambio de límites, vulnerando los principios jurídicos más elementales y mostrando desprecio por la vida humana. Peor aún sería que los ministerios de Salud provinciales y de la Nación trabajen en pos de garantizar las condiciones de acceso a los abortos permitidos en el artículo 86 del Código Penal.
El eventual guiño oficial al aborto no punible traerá consecuencias irreversibles para una sociedad argentina ya dañada que tiene mucho más para perder que para ganar.
Clarín, 14-10-09
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