INTENTAN

 

 

QUE EL TRÁFICO DE ÓRGANOS NO INCENTIVE EL ABORTO

NOTIVIDA, Año XXI, Nº 1240, 15 de marzo de 2021

 

Piden una sanción agravada para la compraventa de tejidos de personas por nacer víctimas de un aborto provocado y que se prohíba su donación.

 

Presentan proyecto de ley (exp. 133/2021) que elevaría las penas mínimas previstas hoy en la Ley N° 27.447, de trasplantes, para el tráfico de órganos o tejidos y contempla una sanción agravada (el doble de la pena) para los tejidos de personas por nacer que se obtengan a partir de un aborto provocado. En el último caso las penas serían de 4 a 10 años de prisión más inhabilitación de 8 a 20 años si se tratase de profesionales y auxiliares de la salud. Quedaría también prohibida la donación de tejidos fetales.

Se busca evitar de este modo que el comercio de órganos o tejidos de niños por nacer se convierta en otro incentivo para la realización de abortos.

El proyecto es de la autoría del diputado Francisco Sánchez (PRO, Neuquén) y fue cofirmado por sus compañeros de bloque: Gustavo Hein (Entre Ríos), David Schlereth (Neuquén), Natalia Villa (BsAs), Juan Aicega (BsAs), Martin Grande (Salta) y Alberto Assef (BsAs). A los que se sumaron Vanesa Massetani (FdT, Sta.Fe), Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal, BsAs) y Carolina Castets (CC, Sta.Fe).

Dice el expediente en sus fundamentos:

            “En julio del año 2015, el periodista de investigación estadounidense David Daleiden difundió unos videos en los que, simulando pertenecer a una empresa interesada en el tráfico de tejido fetal, mantenía reuniones con médicos, ejecutivos y personal de empresas de la industria del aborto -entre ellas, Planned Parenthood- y discutía distintos aspectos relativos a dicha actividad”.

“Los videos y otros documentos adquiridos por Daleiden desgranaban la relación existente entre las compañías de comercio de tejido fetal y diversas clínicas abortistas, y mostraban a ejecutivos de estos establecimientos admitiendo que los acuerdos de obtención de material fetal eran rentables para las clínicas abortistas, e incluso reconociendo haber cambiado en ocasiones el procedimiento a los fines de obtener un “espécimen más intacto” y haber utilizado para esto procedimientos ilegales de parto-aborto”.

“A raíz de estos hechos, el Congreso de los Estados Unidos realizó una serie de audiencias e inició diversas investigaciones sobre el tema, que luego fueron centralizadas en un grupo especial de investigación de la comisión de Energía y Comercio, creado por una resolución de la Cámara. El grupo especial de investigación tenía como misión indagar a fondo diversas aristas del entramado del negocio de venta de tejido fetal y comunicar los resultados a la Cámara, redactando un informe final en el que se expusieran las conclusiones y se elevaran recomendaciones. La tarea del grupo especial versó sobre el “modelo de negocios” de distintas compañías e instituciones ligadas a este negocio”.

“La investigación demostró la existencia de un entramado de compañías que obtenían tejido fetal de distintas clínicas abortistas y lo suministraban a demanda a investigadores de todo el mundo”.

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“La experiencia de la investigación realizada por el Congreso de los Estados Unidos nos permite conocer en gran medida el funcionamiento del entramado del tráfico de tejido fetal, y proponer las medidas adecuadas para prevenirlo. Entre otros aspectos relevantes, demostró la utilización fraudulenta o simulada del instituto de la donación para encubrir lo que en realidad era una compraventa”.

“Es por eso que, a los fines de atacar el problema en su raíz, proponemos penalizar la donación de tejidos de personas por nacer fallecidas producto de un aborto inducido, prohibiendo la transmisión de sus restos mortales a título gratuito y oneroso, y resultando como única opción un entierro digno, acorde a su dignidad humana”.