sábado, 30 de agosto de 2025

A FAVOR

 

 del aborto y el género: así “ayuda” UNICEF a los niños

 

Ermes Dovico

Brújula cotidiana, 29_08_2025

 

 

¿Por qué una organización cuyo objetivo es ayudar a los niños en situaciones de necesidad debería ocuparse de promover la anticoncepción, el aborto, los contenidos sexuales explícitos y la ideología LGBT? La pregunta es aún más importante porque no se trata de una pequeña organización, sino de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que solo en 2024 tuvo unos ingresos de más de 8500 millones de dólares, de los cuales casi 5000 procedían del sector público. No es ningún secreto que esta organización, al igual que otros organismos de la ONU, lleva décadas promoviendo el relativismo moral. Pero ahora, un análisis detallado que ha realizado el Center for Family (C-Fam), un instituto de investigación especializado en seguir las actividades de la ONU y sus agencias, ofrece una amplia panorámica de los programas más controvertidos de UNICEF, que “gasta cientos de millones de dólares en promover contenidos sexuales explícitos, incluso pornográficos, destinados a niños de todo el mundo”, tal y como escribe Austin Ruse al presentar el trabajo. En cuanto a la pornografía, recordemos que ya en 2021 UNICEF había provocado un escándalo con un documento muy permisivo que luego retiró tras las protestas (véase aquí y aquí).

 

C-Fam repasa decenas de programas de UNICEF que favorecen la sexualización precoz de los niños y, en general, transmiten una visión distorsionada de la sexualidad. En un folleto dirigido a menores de entre 10 y 14 años se afirma que “todos los tipos de orientación sexual son naturales”, lo que implica normalizar la homosexualidad y la transexualidad. Del mismo modo, se normaliza la masturbación, definida como “una de las formas de aliviar el estrés, calmar la excitación sexual, explorar el propio cuerpo, la propia sexualidad y los propios deseos”. En otro folleto (edad: 15-18 años), se dice que “forma parte de un comportamiento sexual sano”, afirmación que se contradice con la realidad, ya que la masturbación, como cualquier otro acto contrario a la ley moral natural, es causa de problemas y trastornos físicos y psicológicos. En el mismo folleto, en línea con la aceptación de la homosexualidad, se presenta la penetración anal como una “variante” más de la relación sexual. Y para confirmar que la complementariedad entre hombres y mujeres es opcional para la agencia de la ONU, he aquí otro ejemplo: “Es normal sentir simpatía o atracción por miembros de tu mismo sexo o del sexo opuesto”.

 

Además, un programa de “educación sexual” (las comillas son obligatorias) de UNICEF enseña a niños y jóvenes de entre 10 y 14 años que “los preliminares y las caricias ayudan a relajarse, a sentirse cómodo y a aumentar la excitación sexual”. Luego está Laaha, una plataforma en línea creada con el apoyo de UNICEF, dirigida a niñas de todas las edades, sin que se requiera la supervisión de los padres. Entre las actividades que se proponen en el sitio web se encuentra el llamado “ejercicio del espejo”, en el que se pide a la niña que “abra las rodillas y sostenga el espejo delante de la vulva y la vagina. Utilizar delicadamente los dedos para encontrar la parte más sensible de la vulva”. Y podríamos seguir con los ejemplos.

 

UNICEF promueve este tipo de contenidos desconcertantes tanto dentro como fuera de las escuelas. Ningún ámbito queda excluido de la labor de propaganda: “Organizaciones de la sociedad civil o comunitarias, centros o clubes juveniles, clínicas de salud, campamentos de verano, instituciones religiosas u organizaciones confesionales, centros de actividades extraescolares [...], prisiones, centros de detención [...], campos de refugiados u otros refugios donde las personas buscan ayuda humanitaria”. Este es el público al que se dirige la guía sobre “educación sexual integral” que la agencia para la infancia publicó en 2020 junto con la Unesco, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de la ONU. El documento tiene una sección titulada “Jóvenes lesbianas, gays y bisexuales, y otros jóvenes hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres”, en la que se recomienda la presencia de miembros de la comunidad LGBT como “facilitadores”, es decir, como guías del grupo de menores. Además, se sugiere que, fuera del ámbito escolar, se pueden abordar temas controvertidos “de una manera que podría no ser siempre factible o aceptable en el ámbito escolar”. En resumen, si en la escuela UNICEF ya transmite conceptos atrevidos, fuera de la escuela se atreve aún más.

 

La educación sexual, en la neolengua, significa también educación sobre el aborto como derecho. Sería lógico pensar que una agencia dedicada a los niños se oponga a suprimir sus vidas en el útero materno, pero para UNICEF las cosas son diferentes. La agencia de la ONU participa o apoya varios programas abortistas. Entre ellos, el Programa de Reproducción Humana, en el que UNICEF, la OMS, el Banco Mundial, el UNFPA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) colaboran con algunos de los mayores gigantes del aborto a nivel mundial, como la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), MSI Reproductive Choices (antes Marie Stopes International), Pathfinder International y otras.

 

UNICEF también participa en otro programa de las Naciones Unidas (2Gether4SRHR) diseñado para promover “la salud y los derechos sexuales y reproductivos” (SRHR, por sus siglas en inglés: traducido, anticoncepción y aborto) en África oriental y meridional. Este mismo programa presenta la objeción de conciencia de forma negativa.

 

La lista anterior es solo una lista parcial de todas las colaboraciones, iniciativas y programas controvertidos relacionados con UNICEF, que afectan a todos los contextos, desde la Ucrania en guerra hasta Tailandia, pasando por la inevitable África, como hemos visto. UNICEF lleva a cabo todas las actividades relacionadas con estos temas a pesar de que no existe consenso al respecto en la Asamblea General de la ONU y de que el derecho internacional no reconoce los conceptos ideológicos de “orientación sexual” e “identidad de género”, ni el aborto legal. Se trata de cuestiones que son competencia de los distintos Estados y en las que no debería haber interferencias ni presiones de organizaciones internacionales como UNICEF (discurso que podría ampliarse a ONG similares, como Save the Children); pero que, sin embargo, existen.

 

Estos hechos deberían estimular una reflexión sobre la conveniencia de financiar realidades tan ideológicamente comprometidas y, como mínimo, de vincular los fondos solamente a intervenciones humanitarias específicas y verdaderas. Ya en diciembre de 2007 Benedicto XVI, en un discurso a los miembros de organizaciones no gubernamentales de inspiración católica, advertía contra la “lógica relativista” que domina el debate internacional y que opera “una defensa selectiva de los derechos humanos”. Una lógica que conduce a “negar la ciudadanía a la verdad sobre el hombre y su dignidad, así como a la posibilidad de una acción ética basada en el reconocimiento de la ley moral natural”, emanación de la ley de Dios. La caridad no puede sino estar ligada a la verdad.

jueves, 28 de agosto de 2025

CLACAI


 La red que impulsa el aborto clandestino en Iberoamérica

 

Carlos Polo

agosto 28, 2025

 

Un nuevo informe de Population Research Institute (PRI) expone con detalle el funcionamiento del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), una red internacional creada para introducir y normalizar el aborto clandestino con misoprostol en Iberoamérica. Con presencia en 19 países y 165 organizaciones miembros, CLACAI se presenta como defensora de los “derechos sexuales y reproductivos”, pero su objetivo real es legalizar el aborto sin restricciones y debilitar las leyes que protegen la vida.

 

La razón de ser de CLACAI: el aborto con misoprostol

 

El misoprostol es un medicamento aprobado en la mayoría de países para tratar úlceras gástricas o inducir el parto en contextos médicos controlados. CLACAI y sus aliados lo promueven para otro fin: provocar abortos en casa, sin supervisión médica. Lo llaman “aborto seguro” o “aborto autogestionado”, pero en realidad es una automedicación clandestina que puede causar hemorragias, infecciones, daños irreversibles e incluso la muerte.

 

El método es simple y peligroso: la mujer adquiere las pastillas en el mercado negro, generalmente a través de páginas web o redes sociales, y recibe instrucciones por internet o teléfono para administrarse la droga a solas. Si surgen complicaciones, se le aconseja acudir a un hospital diciendo que se trata de un aborto espontáneo, lo que evita sanciones legales para quienes le vendieron o indicaron el uso del fármaco. Así, los promotores se liberan de responsabilidad penal, trasladando todo el riesgo a la mujer. No es autonomía, es abandono.

 

Esta práctica ilegal pone a mujeres vulnerables en manos de delincuentes que les venden las pastillas y luego las abandonan, dejándolas solas frente a una automedicación que puede ocasionarles serios daños o la muerte.

 

La red CLACAI alberga entre sus miembros a ONGs abortistas internacionales como Safe2Choose y Women Help Women que promueven el uso de misoprostol adquirido ilegalmente para provocar abortos. Otros miembros de CLACAI han reproducido estas “consejerías de aborto autogestionado” a lo cual se suman los “servicios de venta de misoprostol por delivery” en el mercado negro a través de redes sociales, exponiendo a las mujeres a un triple riesgo: el de salud, el de seguridad y el económico.

 

De la clandestinidad al activismo coordinado

 

Estas prácticas son parte de una estrategia global cuidadosamente diseñada en despachos internacionales. Su origen se remonta a 2003, con la creación de la ONG Gynuity Health Projects, concebida específicamente para desarrollar y expandir en todo el mundo el uso del misoprostol como herramienta para provocar abortos. La dirección recayó en Beverly Winikoff, quien acumulaba 25 años de experiencia como directora de Salud Reproductiva en Population Council, uno de los actores clave de la industria abortista internacional.

 

Fundada en 2006, CLACAI fue creada para articular tres frentes estratégicos en la región de Iberoamérica:

Jurídico-político: diseña litigios, redacta protocolos y presiona a cortes nacionales e internacionales para despenalizar o legalizar el aborto.

Mediático-cultural: instala narrativas que presentan el aborto como un derecho humano y naturalizan su práctica fuera del sistema de salud, mientras desacreditan al movimiento provida.

Tecnológico-práctico: entrena a personal sanitario, distribuye manuales para abortos químicos y mantiene plataformas digitales que orientan a mujeres a realizar abortos clandestinos.

 

En el núcleo de esta red están ONGs internacionales como IPPF (la franquicia de clínicas de aborto más grande del mundo), Planned Parenthood Global, Population Council, Amnistía Internacional y Women Deliver, además de grupos como “Católicas por el Derecho a Decidir”, creados para confundir a los católicos sobre la doctrina de la Iglesia. La coordinación regional de CLACAI se ejerce desde Perú y está a cargo de la ONG PROMSEX.

 

El cambio de paradigma: del hospital a la casa

 

Al margen del debate de la legalidad, el aborto siempre ha sido un procedimiento médico que debía realizarse en un centro de salud. Ahora, la estrategia de CLACAI consiste en trasladar ese acto al hogar y convertirlo en una “acción autónoma de la mujer”. Este cambio libera de responsabilidad penal a médicos e instituciones sanitarias, pero obliga al personal de salud a atender las complicaciones frente a los cuales no podrían oponer objeción de conciencia.

 

Las consecuencias ya se sienten: mujeres que han sufrido graves daños y otras que han perdido la vida tras el uso de misoprostol. Aunque no siempre se publican estas historias, el patrón es claro: la red promueve un método riesgoso, lo vende como seguro y oculta sus efectos adversos.

 

La conexión con USAID y la amenaza a la soberanía

 

El informe de PRI documenta que las principales organizaciones que lideran CLACAI han recibido financiamiento directo o indirecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Así, recursos públicos de cooperación internacional terminan financiando una práctica ilegal y peligrosa, además de una agenda ideológica contraria a las leyes de la mayoría de países iberoamericanos.

 

Esta operación, coordinada a nivel regional, erosiona la capacidad de los Estados para definir sus propias políticas en materia de salud y protección de la vida. Bajo el discurso de los derechos humanos, se ejerce una presión externa que compromete la soberanía normativa de las naciones.

 

El informe de PRI se basa en documentos internos, declaraciones públicas y materiales producidos por la propia red. Son sus propias palabras y acciones las que muestran su objetivo. La ciudadanía y los legisladores tienen derecho a conocer quiénes integran esta red, cómo operan y de dónde proviene su financiamiento.

 

Solo con información transparente se puede ejercer un verdadero control democrático y proteger tanto la vida de los no nacidos como la salud de las mujeres. Frente a esta amenaza, el silencio no es opción. Es complicidad.

 

Descargue aquí el Informe CLACAI completo

 

En español https://www.pop.org/clacai-red-iberoamericana-financiada-por-usaid-para-promover-la-legalizacion-del-aborto/

martes, 5 de agosto de 2025

LAS MADRES NO MIENTEN

 

 “la alienación parental no existe” y otras mentiras de género derribadas por el caso Ghisoni

 

Claudia Peiró

Infobae, 05 Ago, 2025

 

Se cansaron de negarlo. Acusaron descaradamente de pedófilo -ni más ni menos- a todo el que exponía una falsa denuncia. El mismo epíteto dedicaron a todos los varones que batallan por recuperar el vínculo con sus hijos. Se autodenominaron “madres protectoras”, como si los padres no lo fueran. Apañaron a mentirosas seriales, abriendo el Congreso -y hasta el despacho presidencial- para cobijar a mujeres en guerra con sus ex para excluirlos definitivamente de la vida de los hijos.

 

La llamada “perspectiva de género” derivó en los tribunales en delito de autor: el varón es culpable por ser varón, y la mujer, si no es víctima absoluta, siempre tiene atenuantes.

 

Cuando en octubre de 2023, luego de pasar 2 años y 3 meses preso en una institución psiquiátrica y 6 meses en detención domiciliaria, Pablo Ghisoni fue absuelto en el juicio oral de la infame acusación hecha por su ex, Andrea Vázquez, de haber abusado sexualmente de sus dos hijos varones menores -el mayor siempre defendió al padre-, un grupo de diputadas -con Mónica Macha a la cabeza- y activistas feministas como Dora Barrancos, entonces asesora presidencial, se reunieron en la Cámara de Diputados para “arropar” a la denunciante y desafiar el veredicto de una justicia según ellas “patriarcal”. “Absuelto no es inocente” decían. En ese acto negaron la existencia de la alienación parental y de las falsas denuncias.

 

Pero, a menos de dos años de eso, la realidad las desmintió rotundamente cuando Tomás Ghisoni, el hijo del medio, hoy de 20 años, pudo expresar que había sido manipulado por su madre cuando aún era menor de edad y que por eso había mentido al denunciar por abuso sexual a su padre.

 

La “madre protectora” bloqueó entonces al hijo “traidor” en todas sus redes. Además, le impide ver a su hermano más chico, Ignacio, que increíblemente la justicia sigue dejando a merced de la madre.

 

En 2019, cuando Andrea Vázquez se paseaba por los medios victimizándose y acusando de las peores cosas a su ex, el hijo mayor, Francisco Ghisoni, entonces de 18, publicó una carta cuyo título era: “Mi mamá, Andrea Vázquez, miente”.

 

Allí decía que crecer con su madre “siempre fue complicado”. Y contaba que, al comenzar los trámites de divorcio, “mi mamá empezó a limitar las visitas con mi papá”.

 

“Con el tiempo, empezó a obligarnos a mentir en declaraciones. Entre muchas cosas, teníamos que decir que no queríamos verlo. Ella nos decía exactamente qué decir y se aseguraba de controlar que lo dijéramos como ella quería. Nos mostraba cómo dibujar a la familia en los exámenes psicológicos y cómo dibujar a papá”, detalló.

 

“Así nacieron muchas declaraciones falsas: no es cierto que mi papá me empujó por las escaleras, ni que me pateó una botella en la cara, ni que tiró a uno de mis hermanos a la pileta”, seguía diciendo el joven.

 

El mecanismo que usaba esta madre obstructora consistía en atacar o cancelar a todo el que no le siguiera la corriente. Lo hizo hasta con su padre, el abuelo de los chicos, cuando éste finalmente abrió los ojos y vio la realidad: también él fue blanco de una falsa denuncia de abuso. Y lo hizo con el hijo mayor. Vázquez lo niega rotundamente, pero Francisco grabó conversaciones. “Ella dice que jamás me acusaría de nada -escribió el joven-. Pero eso también es falso: un día apareció en la puerta del Colegio y me gritó: ‘abusador’, ‘por qué no te matás’ y ‘cómo vivís así’. Tengo conversaciones telefónicas grabadas y audios en los que me acusa falsamente de abusar de mis hermanos, me maltrata, me insulta”.

 

Esta es la transcripción de uno de los audios grabados por Francisco Ghisoni:

Hijo: “Cómo le vas a decir a Nacho que mi papá lo abusaba”.

Madre: “Yo no le dije nada, sorete mal cagado (sic), tu hermano declaró en una Cámara Gesell.

Hijo: “Él ni siquiera sabe qué significa abuso”.

Madre: “Tu papá va a terminar preso y vos sos cómplice”.

 

Francisco, el hijo mayor de Andrea Vázquez y Pablo Ghisoni, siempre defendió a su padre

Pablo Ghisoni, el padre falsamente denunciado, criticó el trato que dan a veces algunos comunicadores al tema: “No puede ser que venga alguien a los medios (a hacer una denuncia) y se lo trate como víctima, en vez de decir denunciado y denunciante, se dice victimario y víctima”.

 

Es un efecto del “yo te creo hermana”, dogma instalado por el MeToo.

 

Como ya no pueden negar la existencia de falsas denuncias, el siguiente paso es minimizarlas. Es una cantidad ínfima, dicen. Hay que distinguir lo que no se puede probar de la falsa denuncia, argumentan. Y así rechazan los sobreseimientos y absoluciones: el abuso y la violencia existieron aunque no se los pueda probar.

 

En realidad, hay un subregistro de la falsa denuncia por un motivo muy sencillo que explicó el propio Ghisoni: “Después de atravesar lo que yo atravesé, un proceso penal con detención, no te quedan ganas de nada, quedás arrasado, sin fuerzas, no querés ver más abogados ni pisar un tribunal”.

 

Cualquiera que haya vivido el infierno de tener que defenderse por años en tribunales por delitos imaginarios compartirá el sentimiento de Ghisoni. Él no pensaba demandar a la madre de sus hijos, aunque le sobran motivos y pruebas. Pero en este caso, el fiscal Jorge Ariel Bettini Sansoni, titular de la Fiscalía N.º 1 de Lomas de Zamora actuó de oficio. Fue él quien demandó a Andrea Vázquez por la “posible comisión de los delitos de falso testimonio calificado, instigación al falso testimonio y asociación ilícita”.

 

Esta última calificación obedece a la convicción del fiscal de que detrás de la falsa acusación contra Pablo Ghisoni hubo una red de profesionales y ong, funcionales a la maniobra y que dieron sustento a la causa.

 

Ghisoni es más duro: “Detrás de todo esto hay una mafia de peritos y abogados, porque es muy difícil sostener tanto tiempo una mentira tan grande y evidente. Claramente hay un sistema y un núcleo de gente de la que ella se ha rodeado”.

 

Lo cierto -y lamentable- es que la mayoría de las falsas denunciantes quedan impunes: el progenitor perseguido, cuando recupera el vínculo con los hijos, ya no quiere más dolores de cabeza. Es la justicia la que debería actuar, como lo ha hecho ahora Bettini Sansoni.

 

Aunque muy espectacular, el caso Ghisoni no es el único. En Infobae, me he hecho eco de infinidad de casos, incluso de algunos que afectaban a madres; casos en los que la falsa denuncia estaba ampliamente probada, e incluso uno en el cual incluí el video de la manipulación de un menor por parte de una psicóloga de una de las ONG mencionadas por Ghisoni (Ver video al pie de esta nota).

 

Este tema no es nuevo por otra parte. Ya en el año 2013, cuando Ginger Gentile quiso estrenar el documental “Borrando a papá”, que exponía la temática de padres excluidos de la vida de sus hijos por medidas cautelares injustificadas pero eternas, aparecieron los actores de este modus operandi que ya incidía en las causas en los Tribunales de Familia. La ONG Salud Activa -creada por psicólogos- fue a la justicia para impedir el estreno de la película.

 

Ante la denuncia de “violencia” -concepto que cada vez se amplía más-, rápidamente los jueces de familia dictan perimetrales, prohibición de acercamiento, y luego las causas se eternizan, los expedientes se mueven a paso lento, en parte por desidia, en parte por insuficiencia de recursos. Ese tiempo es aprovechado por la “madre protectora” para poner al hijo contra el padre, mediante mentiras, amenazas (más o menos sutiles), reproches, extorsión afectiva, etcétera.

 

La asociación Infancia Compartida, que reúne a hombres y mujeres afectados por esta judicialización de los conflictos familiares, ha entrevistado a algunos famosos que de niños sufrieron alienación parental. Son testimonios estremecedores. “Si te vas con tu papá acá no venís más”; “yo estaba con uno y me hablaba mal del otro”; “me dijeron que mamá estaba muerta”; “me decían que mi padre era el lobo”; “procuraba no mostrar que también quería al otro para que no se enojaran conmigo”. Estas son algunas de las frases que dejan Damián De Santo, Cecilia Dopazo, Roly Serrano y Gastón Recondo al relatar su padecimiento infantil por la guerra que se libraron sus padres con ellos como rehenes.

 

“Borrando a papá” merece la calificación de documental porque deja pruebas de cómo opera la red de promoción y encubrimiento de las mujeres que usan a sus hijos en la guerra que le hacen a sus ex. Y dicho por ellas mismas. Es en esa película donde Liliana Hendel, actual titular de la Secretaría de las Mujeres de La Matanza, desarrolló su teoría de que la presunción de inocencia no vale para los hombres.

 

“Es difícil que una mujer invente que le pegaban, que pegaban a sus chicos, que él no le da dinero o cualquiera de las formas de violencia. Creo que los varones mienten”, sentenciaba Hendel en aquel documental del año 2013. Y luego, combinando ignorancia con impunidad, desarrollaba su tesis de por qué la ley no debe ser igual para todos: “Al revés de lo que sucede habitualmente que cualquiera es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario, yo creo que en las situaciones de violencia de género, por la dimensión del problema, debe invertirse la carga de la prueba”. Por si no había quedado claro, abundaba: “Es decir, si yo digo que él es culpable, él es culpable hasta que demuestre lo contrario”. Miedo da.

 

En el mismo documental, el abogado Juan Carlos Dietze decía: “Es fundamental recuperar el principio de igualdad ante la ley que implica no prejuzgar, no buscar explicaciones para las conductas de las personas según el sexo, porque eso es una violación a elementales reglas de convivencia humana”.

 

En “Borrando a papá”, dos integrantes de Shalom Bait, un Centro de Protección a las Victimas de Violencia Familiar, exponían el desprecio por los varones que reclaman ver a sus hijos y la justificación de la exclusión. “Hoy por hoy, yo prefiero una denuncia de violencia como medida cautelar que uno puede ir trabajándola y extendiéndola, a un juicio que de repente desde la ideología (sic) de que el papá es importante para el desarrollo del chico, termine cerrando la posibilidad de protección de la violencia”.

 

Esta frase es muy reveladora. Prefieren que un expediente se eternice en la Justicia de Familia, renovando las cautelares, a ir a un juicio en el cual hay que mostrar pruebas y existe el riesgo -para ellas- de que se demuestre la inocencia del padre excluido y se terminen las excusas para no revincularlo con sus hijos. O sea, prefieren mantener la presunción de culpabilidad, según Hendel, antes que tener que admitir la inocencia del denunciado.

 

Que el padre es importante para el desarrollo del niño no es una verdad sino una “ideología”, según ellas.

 

Borrando a Papá - El sesgo de género en la Justicia de Familia

Otra referente de Shalom Bait dice: “Mientras los señores tienen tiempo y horas para dedicarse a hacer notas, y encadenarse frente a tribunales, hacer marchas en el obelisco y demás, las mujeres andan llevando a los chicos a terapia, yendo ellas mismas a terapia, yendo a las audiencias, levantándolos a la mañana para llevarlos a la escuela, haciendo las notitas de autorización, haciendo la tarea, comprando remedios, organizando cumpleaños, yendo a trabajar… me cansé”.

 

¿Todo eso autoriza a excluir al padre?; ¿cuidar a los hijos da derecho a la tenencia exclusiva?; ¿no tiene derecho a protestar un padre que es excluido de la vida de sus hijos sin motivo que lo justifique?

 

El abogado Dietze decía: “La perduración del conflicto, la intervención del Estado y la manutención de este estado de cosas hace que una enorme masa de personas vivan de conflictos que no se resuelven y los que pagan el pato son los chicos”.

 

Es lo que denuncia Ghisoni. Un modus operandi y una red de abogados, jueces, psicólogos, asistentes sociales, etc, que viven de este sistema. Pericias, supervisión de visitas, revinculaciones, el proceso no se termina más y le da de comer a muchos. Mientras tanto, hay “niños huérfanos de padres vivos”, como dice el ex juez de familia Mauricio Mizrahi, a quien el caso Ghisoni le da la razón pues lleva años dedicado a denunciar la alienación parental que las feministas adoran decir que no existe, citando a algún lobby internacional como sello de autoridad.

 

La alienación parental sí existe: es la manipulación de los hijos por un integrante de la pareja en su guerra con el otro. Lo que se desestimó es que se trate de un “síndrome”. “No es síndrome -decía Mizrahi en entrevista con Infobae-, la alienación parental no es un tema de la psicología tradicional individual. Es un problema relacional que deben manejar terapeutas familiares”.

 

Mauricio Mizrahi fue juez de familia durante casi 30 años y desde que dejó su cargo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital se dedica a difundir una problemática que muchos quieren negar pero es bien real: la del conjunto de tácticas y estratagemas que desarrolla un progenitor para dificultar o directamente impedir -sin causa justa- el contacto del otro padre con el hijo en común. Hay padres y madres víctimas de falsas denuncias de abandono, maltrato, violencia y hasta abuso, privados de ver a sus hijos mientras la justicia se toma años para dilucidar el caso y aun después de haber sido absueltos; progenitores que se niegan a acatar las disposiciones judiciales sobre visitas, revinculaciones o terapias familiares para impedir que se reanude el vínculo del hijo con la ex pareja. Estas son las situaciones de injusticia, dolor y daño psíquico que causa la alienación parental.

 

“Se presenta la alienación parental cuando un hijo rechaza sin razones justificadas a su madre o padre como consecuencia de las acciones de descalificación, abiertas o encubiertas, promovidas por el otro u otra, de mala o buena fe, acciones destinadas precisamente a lograr ese rechazo -explicaba el ex juez-. Es una suerte de emprendimiento o cruzada, consciente o inconsciente, que lleva a cabo la madre o el padre alienante, manipulador o favorecido, con la finalidad de eliminar la presencia afectiva, psicológica y física del otro progenitor, padre o madre, en la vida del niño; para lo cual se utilizan diversas estrategias. El hijo se encontrará totalmente manipulado por uno de sus padres; seducido, captado y colonizado afectivamente y así, transformada su conciencia, se convertirá en portavoz del padre o madre excluyente”.

 

Leyendo las definiciones de Mizrahi se entiende mejor el caso Ghisoni: “El hijo es objeto de una instrumentación perversa y aparecerá incluido en la controversia de sus padres, haciendo suyo el conflicto existente entre ellos. Se borrará la diferencia entre padre o madre alienante y su hijo. Este repetirá su discurso, palabra por palabra. El niño estará instalado en una dependencia estructural exagerada y patológica con ese progenitor, quedando a su merced”.

 

Mizrahi aclaraba: “[Todo esto] no es una mera formulación o especulación teórica. Muy por el contrario, estas situaciones las he vivenciado personalmente cuando me desempeñé como Juez y nunca dejé de sorprenderme al comprobar estos procesos en las familias concretas judicializadas en las que me tocó intervenir”.

 

Por lo general, decía, “la motivación del progenitor que actúa de modo obstructivo es una herida narcisista abierta por la ruptura del vínculo de pareja”.

 

“En la alienación -agregaba- se involucra a otras personas: parientes, amigos, terapeutas, abogados, todos deben cooperar en la exclusión del ‘malo de la película’”, y entre las estrategias usadas, enumeraba: superponer actividades placenteras para el niño en los días y horarios en que debe ver al otro progenitor, ocultarle los gestos de cariños o buena voluntad -regalos, mensaje, aportes monetarios- del otro padre o madre; hablarle mal de éste; marginarlo de todos los eventos importantes en la vida del niño -cumpleaños, actos escolares, competencias deportivas-; involucrar al niño en el conflicto de pareja; e implantarle falsos recuerdos de situaciones desagradables vividas con ese otro progenitor”.

 

 “Los niños son mucho más propensos que los adultos a la falsificación de la memoria -alertaba-. Hay que terminar con esa creencia indiscriminada en todo lo que verbalizan los niños. Está científicamente demostrado que los niños confunden con facilidad lo vivido, escuchado e imaginado”.

 

Mizrahi afirma que esto se debe a una interpretación exagerada del artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño que dice que éste debe ser escuchado. Se interpreta que hay que respetar la voluntad del chico. Pero, aclara el ex juez, la Convención tiene un comité que da la interpretación oficial y éste afirma que para que sea válida la escucha el chico debe hablar con libertad. Dice textual: “...que (el niño) no diga lo que quiere el padre o la madre sino que hable por sí”. Eso muchos intervinientes en los procesos de familia no lo tienen en cuenta. “El chico dice ‘no quiero ver a papá o a mamá’, con suerte lo citan otra vez o nada, y el psicólogo va a la computadora e informa eso”.

 

También apuntaba a otra falla importante del sistema: “Por lo común, en las resoluciones judiciales, se tolera al psicólogo particular del niño” o al de los padres por separado. O sea que se avalan los tratamientos individuales, independientes y desconectados entre sí; todo lo cual lleva a que se afiance y consolide aún más la alienación parental, porque la herramienta para resolver estos graves conflictos es la terapia bajo mandato judicial”.

 

En el mismo sentido, en una jornada realizada en el Senado, la abogada Fátima Silva denunció una privatización de hecho de la justicia: “No voy a decir en todos los juzgados de familia, pero les diría que en un 70% nos están arrastrando a que decidan terceros –que no son parte de la Justicia– qué va a pasar en un expediente judicial”.

 

Explicó la operatoria de este modo: “En los expedientes tenemos informes técnicos forenses de peritos que son palabra autorizada. Más que informes son dictámenes periciales”. Pero ante un informe técnico que sugiere que hay condiciones para revincular (a un menor con el progenitor), aparece en los expedientes “no una pericia, sino un informe de psicólogo de parte, que contrata uno de los dos progenitores al que no le gustó la pericia forense técnica, y viene con ese informe privado: ‘Ay, no, el terapeuta del nene o de la nena dice que no es momento de revincular; no importa lo que diga la pericia forense, no es momento’”.

 

Una de las muchas convocatoria

Una de las muchas convocatoria de Infancia compartida para poner fin a la perspectiva de género en la justicia y sustituirla por una perspectiva de infancia

Es inadmisible que los juzgados admitan pericias de parte y no hagan valer las oficiales. Es lo que hizo Andrea Vázquez: no llevaba a sus hijos supuestamente abusados a la pericia forense oficial y en cambio presentaba una realizada por su red de amigos. Esto se repite en infinidad de expedientes y a veces con ayuda de los mismos jueces como sucede en el caso Herran.

 

Cuando le pregunté a Mauricio Mizrahi por qué creía que había tanta resistencia a debatir estos temas, su respuesta fue: “La llamada ideología de género, o ideología woke, ha invadido gran parte de los espacios públicos; entre ellos el Poder Judicial. Se impone el fanatismo, el discurso del odio y la visión única; y entonces lo que rige es la política de la cancelación. Esta ideología afirma irracionalmente que los que invocamos la alienación parental pretendemos atacar a las mujeres y quitarles a sus hijos. Hoy basta hacer una denuncia para que el denunciado se convierta automáticamente en culpable y para que, sin pruebas, se cortan los vínculos entre padres e hijos. La imposición de la ideología de género en los tribunales, implica en muchos casos una violación grosera de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

 

Mal que les pese a las “madres protectoras”, la justicia ha empezado a reconocer la alineación parental. Mizrahi citaba un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, que sostenía que el hijo estaba “atado a su madre por la manipulación”; “que lo que el niño verbalizaba no era auténtico”; por lo que el caso “puede calificarse de alienación parental”.

 

Mizrahi no se quedaba en el diagnóstico. Sugería soluciones: primero, “una nueva reglamentación de la ley de violencia familiar” para “dar un mayor sustento a los jueces para que no corten sin mayores miramientos los vínculos parento filiales y que, como mínimo, exijan la verosimilitud del hecho y acudan a caminos intermedios”, como por ejemplo, las visitas supervisadas entre padres e hijos.

 

Además, sugería una ley específica que “sancione severamente a los falsos denunciantes”. Finalmente, apuntaba a la responsabilidad de las autoridades el Poder Judicial, Corte Suprema (nacional y provinciales) y Consejos de la Magistratura, que deberían disponer la creación de más tribunales de Familia para atender la creciente cantidad de casos.

 

Muchos de estos casos son promovidos por personas que tienen un trastorno mental. De modo que hasta es posible que la madre protectora sea inimputable. No tienen la misma excusa sus apañadoras cuyas motivaciones son de índole ideológica pero también material.

jueves, 13 de febrero de 2025

UN PASO ADELANTE


 Carlos Ialorenzi - Myriam Mitrece

Las Prensa, 13.02.2025

 

La Ley Nacional 26.743, conocida como ley de Identidad de Género, promulgada en 2012, sigue dando que hablar.

Es posible que algunos de los legisladores que la votaron hayan actuado con ingenuidad o con tal liviandad que no les permitió advertir los dramas personales y sociales que esta podía acarrear. La norma permite que las personas que sienten que su sexo biológico no coincide con su género autopercibido puedan inscribirse en sus documentos con el nombre y sexo que elijan y regula intervenciones hormonales y quirúrgicas para adaptar su cuerpo a la identidad autopercibida.

 

CUIDANDO A LOS NIÑOS

Antes de la firma del DNU 62/2025 los menores podían acceder a hormonización y cirugías con la anuencia de sus representantes legales, o en caso de no contar con tales avales podían recurrir para que en un breve plazo, el juez les habilite esas prácticas. Bajo el amparo de esta ley algunos niños recibíeron bloqueadores de la pubertad, hormonización cruzada, y se avaló la ablación de órganos sanos (ejemplo, extirpación de los senos) en adolescentes porque “A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”. (CCyC)

 

La norma actual prohíbe que los menores de 18 años accedan a este tipo de intervenciones y tratamientos. Esta medida se sostiene en la evidencia de que entre el 70 al 97% de los varones y entre el 50 al 88% de las mujeres que no se sienten conformes con su sexo superan la disforia en edad adulta, siempre que no hayan iniciado una transición. Además, aún los médicos dedicados a la hormonización de niños, admiten que no existe suficiente investigación sobre sus efectos a largo plazo.

 

Escribe Sandra Mercado Rodriguez, persona trans arrepentida, en “La estafa del Transgenerismo”: “El Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido, ha llevado a cabo un estudio sobre los bloqueadores de la pubertad y las hormonas de sexo cruzado. Se destaca en las conclusiones que los bloqueadores no mejoran la disforia de género, ni la salud mental, la imagen corporal y el comportamiento social. Con respecto a los tratamientos con hormonas cruzadas, se observan muy bajos cambios en el malestar general del paciente, al igual, se desconocen los efectos secundarios a largo plazo de las hormonas cruzadas, se da a entender que realmente no merece la pena jugarse la vida a cambio de prácticamente nada.”

 

NO ES SOLO UN NOMBRE

Esta medida es reparadora y cuida, en parte, a los menores que padecen disforia de género y disforia de género de inicio rápido. Esta última, más frecuentemente niñas, que declaran repentinamente “sentirse” de otro sexo, parece ser un fenómeno social que canaliza una diversidad de malestares. Los trastornos mentales, la estigmatización del varón como agresor, la naturalización del mundo trans y la promoción de un modelo que confunde autopercepción con realidad hace de estas niñas una población muy vulnerable, impulsándolas a considerar que ser de otro sexo podría ser más ventajoso.

 

Pero decimos que cuida, en parte, porque el camino hacia la transición se inicia con la transición social, aparentemente inocua y muchas veces entendida como solidaria y empática.

 

La transición social de menores aún sigue vigente en la ley. “Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.”(Art. 12)

 

Es necesario crear conciencia de que avalar la transición social es convalidar la creencia errónea de “haber nacido en un cuerpo equivocado”. Es poner al niño en camino de continuar la transición más adelante, en lugar de abordar la raíz del problema.

 

ESTAR INFORMADO

La agrupación MANADA, (Madres de Niños y Adolescentes con Disforia de Género acelerada) solicita que se prohíba la transición social de los menores por parte de los adultos, en todos los ámbitos educativos. Ya que ese aval es altamente dañino y generalmente se hace a escondidas de los padres.

También solicita que, en adultos jóvenes con comorbilidades y/o patologías previas de base como TDAH (Trastorno por Déficit de Atención), TEA (Trastornos del Espectro Autista) y TLP (Trastorno Límite de la Personalidad), se exija un seguimiento más prudente antes de avanzar a tratamientos invasivos.

 

Por último, que los consentimientos informados sean expedidos exclusivamente por el Ministerio de Salud, conteniendo la información completa, detallada y actualizada, sobre daños ya comprobados y posibles para que sean devueltos con la firma del paciente en un tiempo no inferior a seis meses. De esta manera la persona tenga tiempo para evaluar su decisión.

 

Cada vez más detransicionistas atestiguan que modificar o derogar la ley es necesario. En este sentido, termina diciendo Sandra Mercado, en la introducción a su libro: “La transexualidad me trajo una caótica amalgama de emociones, experiencias llenas de euforia y la angustia de seguir odiando mi cuerpo. No existe ese final feliz, lo único que me queda es seguir trabajando en la aceptación de lo que realmente soy biológicamente, un hombre…Es hora de dejar de vivir en una nube llena de mentiras que va a màs, trabajar conscientemente en la realidad y aceptación de nuestros cuerpos cuando nos miremos al espejo”.