Por Rebecca Oas, Ph.D.
El Fondo de Población
de la ONU (UNFPA, por sus siglas en inglés) acaparó los titulares
internacionales la semana pasada por reivindicar un nuevo derecho humano a la
anticoncepción.
La anticoncepción
como derecho humano es el eje del informe anual del UNFPA sobre el estado de la
población mundial titulado «Sí a la opción, no al azar: planificación de la
familia, derechos humanos y desarrollo». Tomando expresiones del derecho
natural, el informe ejecutivo declara que «Actualmente, hay un reconocimiento
casi universal de que la planificación de la familia es un derecho intrínseco,
afirmado y sostenido por muchos otros derechos humanos».
Los especialistas en
derechos humanos señalan que esos derechos no devienen de las declaraciones de
organismos de la ONU y que no existe un acuerdo tal entre los Estados Miembros.
El informe se refiere
con frecuencia al desacreditado concepto de «necesidad insatisfecha» de
anticoncepción. Los críticos consideran que tal «necesidad» es un «constructo
de presión» y dicen que no representa la demanda real. Un vídeo que documenta
los esfuerzos del Fondo de Población por llevar la anticoncepción a Uganda
muestra cuánto esfuerzo deben hacer sus defensores para convencer de lo que
supuestamente es una «necesidad». En ese vídeo, el consultor de logística de
salud Moses Muwonge afirma «la necesidad insatisfecha de anticonceptivos es del
41% en Uganda», pero más adelante señala que deben apelar a los medios masivos
para convencer acerca de su uso.
El Director Ejecutivo
del UNFPA, el dr. Babatunde Osotimehin, solicitó que se asignaran 8.100
millones de dólares por año para la planificación familiar a nivel
internacional. La autora del informe, la dra. Margaret Greene, dice que «el
dinero es solo parte de la solución» y hace referencia a obstáculos legales,
logísticos y otros que deben eliminarse. Greene no es parte desinteresada.
Dirige una organización no gubernamental que expresa su deseo de modificar las
costumbres sociales para promover la anticoncepción.
El informe de Greene
dice que «las presiones sociales negativas» como las creencias religiosas y las
cultura tradicional son los principales obstáculos para extender el uso de
anticonceptivos en las naciones en desarrollo. Asimismo, un tema recurrente en
el informe del UNFPA es la desvinculación de la procreación de la intimidad
sexual: «Para asegurar su acceso a la planificación de la familia,
independiente de [la] condición de casados o no casados, es preciso reconocer
[la] actividad sexual con fines de placer e intimidad antes y después del
matrimonio, al igual que dentro de él».
La actividad sexual
entre adolescentes también es considerada de manera favorable en el informe.
«La actividad sexual de los jóvenes pone en tela de juicio el énfasis en la
abstinencia y la opinión de que las relaciones sexuales deben ocurrir
estrictamente con fines de procreación. La realidad es que muchos jóvenes no se
abstienen, y su actividad sexual no está motivada por el deseo de tener hijos».
El informe sí
desaprueba un contexto de actividad sexual adolescente, es decir, dentro del
matrimonio. Un informe previo del UNFPA solicita encarecidamente a las naciones
que declaren ilegal el matrimonio entre personas menores de 18 años,
considerándolo matrimonio infantil. El informe afirma de manera explícita que
la iniciación sexual fuera del matrimonio puede ser mejor para las niñas
«debido a que, por lo general, las relaciones sexuales no conyugales son menos
frecuentes y están mejor protegidas que las conyugales».
NUEVA YORK, 23 de
noviembre (C-FAM)
