88 millones al
aborto y la investigación con fetos vivos
Ermes Dovico
Brújula cotidiana,
16-03-2022
Un proyecto de la
Universidad de Pittsburgh pone encima de la mesa la posibilidad de que a los
bebés se les extraigan los órganos en vida. Y la Administración Biden destina
88 millones de dólares a la investigación con tejidos humanos fetales, como los
trasplantes de bebés a ratones. El NIAID, dirigido por Fauci, es el principal
financiador.
El comercio de
líneas celulares, tejidos y órganos de niños abortados voluntariamente con
fines de “investigación científica” es una realidad bien conocida, aunque se
informa poco de su carácter trágico. Pero la verdad que está saliendo cada vez
más a la luz en Estados Unidos a partir de documentos oficiales y de las
opiniones de diversos expertos es la posibilidad de que los órganos se obtengan
habitualmente de niños que aún están vivos en el momento de la extracción.
Estamos hablando, atentos, de investigación financiada con dinero público.
El tema preocupa a
los grupos próvida desde hace muchos años, pero desde agosto de 2021 se han
añadido las 252 páginas de nuevos documentos del Departamento de Salud de
Estados Unidos (HHS), que el Center for Medical Progress -representado
legalmente por Judicial Watch- obtuvo tras una demanda presentada contra el HHS
después de que no respondiera a una solicitud anterior de la Ley de Libertad de
Información.
A través de su
análisis de las citadas 252 páginas, el Centro para el Progreso Médico (CMP) descubrió
que en 2015 la Universidad de Pittsburgh presentó un proyecto al HHS
solicitando más de 3,2 millones de dólares en fondos federales durante un
periodo de cinco años (hasta agosto de 2021 había recibido al menos 2,7
millones), con el objetivo de ampliar su colección de tejido fetal de hace
décadas y convertirse así en un verdadero centro de tejidos y otras partes de
bebés abortados de entre 6 y 42 semanas de edad gestacional. En particular,
el proyecto de la Universidad de Pittsburgh hizo hincapié en el registro del
“tiempo de isquemia caliente en nuestras muestras y en la adopción de medidas
para reducirlo al mínimo a fin de garantizar la máxima calidad de las muestras
biológicas”.
Esto sugiere, como
señala el CMP, que el tiempo que transcurre entre el aborto y la extracción de
los órganos es mínimo. Una opinión confirmada por muchos profesionales, entre
ellos la doctora Ronna Jurow, ginecóloga que se define como proabortista y con
un pasado en Planned Parenthood. Jurow, basándose en las declaraciones del
proyecto de la Universidad de Pittsburgh y en las posteriores declaraciones de
uno de sus portavoces (David Seldin), declaró a Fox News que “no hay duda” de
que el bebé está vivo durante la extracción. Para Kathi Aultman, antigua
abortista y ahora ginecóloga provida, según las palabras sobre el tiempo
isquémico, “el bebé tendrá que nacer vivo o ser asesinado inmediatamente antes
de nacer”. Otra doctora, Christina Francis, presidenta de la Asociación
Americana de Ginecólogos Pro-Vida, argumenta: “Si se dice que el tiempo de
isquemia comienza después de la extracción del tejido, significa que el bebé
sigue vivo en el momento en que se extrae el tejido”. Una barbaridad que la
doctora Francis compara con las prácticas del infame Kermit Gosnell.
Más de 90 diputados
republicanos firmaron una carta fechada el 21 de septiembre de 2021, en la que
pedían a las autoridades competentes que investigaran los procedimientos de
aborto utilizados en la investigación de la Universidad de Pittsburgh, en
particular la posibilidad de que se extrajeran órganos de bebés nacidos vivos
-tras un aborto inducido- y que esta extracción fuera “la causa de la muerte”.
Los experimentos
de este tipo en la Universidad de Pittsburgh tienen casi un siglo de
antigüedad, como recordó David Daleiden, fundador del CMP, sobre el trabajo del
doctor Davenport Hooker, que “filmó sus experimentos en los años 30 y 50
probando los reflejos de los bebés abortados vivos hasta que morían. Las
imágenes están disponibles en YouTube”.
La Universidad de Pittsburgh
ha tratado de desmarcarse encargando una revisión legal de sus prácticas a la
firma Hyman, Phelps y McNamara, que por un lado concluye que las actividades de
la universidad sobre “investigación con tejidos fetales humanos” se ajustan a
la ley, pero por otro lado advierte que su revisión legal se limita a las áreas
en las que la propia universidad tiene responsabilidad directa y, por tanto, no
cubre “la toma de decisiones clínicas o la prestación de atención médica como
el aborto, por parte de personas que actúan como empleados del Centro Médico de
la Universidad de Pittsburgh (UPMC)”, una entidad privada que no depende de la
universidad pública de la que deriva su nombre.
Por lo tanto, es
evidente que la cuestión sigue abierta. Sin embargo, existe una turbia
conexión: “Los proveedores de abortos de Planned Parenthood forman parte del
personal de la Universidad de Pittsburgh y realizan abortos en el UPMC para
obtener fetos para los experimentos de la universidad”, explica Daleiden, que
es conocido por haber documentado una compraventa sistemática de partes de
bebés abortados en los últimos años. Además, el cumplimiento formal de la ley
no es sinónimo de moralidad: el hecho de que el aborto inducido esté permitido
por la ley no elimina el pecado, ni la problemática ética -aunque con
diferentes niveles de responsabilidad- de sus “frutos”.
En este sentido,
hay que recordar que con la presidencia de Biden se ha producido una reversión
de las políticas adoptadas por Trump. En abril de 2021, el HHS revocó la
decisión que se había tomado dos años antes de someter la concesión de fondos a
proyectos sobre tejido fetal a la evaluación de un comité ético.
Además, según
reconstruyó a principios de febrero White Coat Waste, un grupo que se opone a
la experimentación con animales, los Institutos Nacionales de Salud (NIH)
tienen previsto gastar este año 88 millones de dólares en la investigación con
tejidos humanos fetales. De esta cantidad, ya se han asignado 27 millones de
dólares a la investigación en curso, de los cuales el 80% (21,6 millones de
dólares) proceden del departamento dirigido por Anthony Fauci, el Instituto
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID). Entre los experimentos
está el trasplante de órganos de bebés abortados a ratones. En concreto, en uno
de los experimentos financiados por el NIAID de Fauci en la Universidad de
Carolina del Norte en Chapel Hill, “se implantaron en ratones trozos de médula
ósea, hígado y timo fetales para que sus cuerpos imitaran el sistema
inmunitario humano”. También es tristemente célebre el experimento de la
Universidad de Pittsburgh con cabelleras de bebés abortados trasplantadas a
ratones.
Esta investigación
no sólo es inmoral, sino que ni siquiera es necesaria. El vicepresidente del
Instituto Charlotte Lozier, David Prentice, doctor en bioquímica, declaró al
National Catholic Register que tales experimentos son “ciencia anticuada”,
cuando “hoy en día existen técnicas mejores y ciertamente éticas, como el uso
de células madre adultas”. Prentice cree que el problema de estas
multimillonarias subvenciones de los NIH es que están acostumbrados a este tipo
de investigaciones, al menos cuando el Partido Demócrata está en el poder, y
que “piensan que el aborto está bien, así que no ven el problema”. A esto se añade
la “comodidad”, como señala Daleiden, “de tener una ‘cadena de montaje’ de
‘material’ biológico humano fresco y vivo para uso comercial y experimental”.
Esto sirve para
recordar que si se utiliza cualquier producto farmacéutico, cosmético o
alimentario -diseñado, fabricado y/o probado con líneas celulares derivadas de
bebés abortados-, siempre existe una cooperación, al menos remota, con la
maldad y también con la comercialización (véase, por ejemplo, el documento de
la Pontificia Academia para la Vida de 2005). Si incluso una gran parte de los
católicos ha dejado de oponerse a este tipo de sistema, está claro que es poco
probable que las instituciones, la industria del aborto y las empresas que la
alimentan cambien de línea.
