Nuevas pautas para realizar abortos seguros

POR FERNANDO SORIANO

En otro gesto explícito de su aval al aborto legal y seguro, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en estos días la actualización de una guía técnica y política sobre el tema, destinada a todos los sistemas de salud públicos y privados del mundo, pero con un evidente enfoque sobre aquellos países en donde aún este tratamiento está penalizado, como en Argentina, salvo en casos de violación.

La última versión de este documento se publicó en 2003. Ahora, la OMS volvió sobre el tema “ante la necesidad de disponer de las mejores prácticas basadas en la evidencia para la provisión de abortos seguros y resguardar tanto los derechos humanos como la salud de las mujeres”.

La guía fue revisada y actualizada por expertos e incluye métodos recomendados para aborto quirúrgico, para el aborto con medicamentos y para embarazos en edad gestacional superior a las 12 semanas. Además, la OMS apunta a la atención previa: no recomienda la anestesia total, y advierte que “debe ofrecerse a todas las mujeres una rutina de medicación para el dolor”. También da indicaciones sobre la atención post aborto, sobre anticoncepción, y abortos incompletos.

Y ofrece consejos para los sistemas de salud: “Los servicios de aborto seguro deben ser de fácil acceso para todas las mujeres”; “Las acciones para el fortalecimiento de las políticas y los servicios de aborto deben basarse en las necesidades de salud y derechos humanos de las mujeres (...) y en el contexto social cultural y político más amplio”; o “El financiamiento de los servicios de aborto debe tener en cuenta los costos para el sistema de salud y asegurar que puedan ser recibidos por todas las mujeres que lo necesiten”, entre otros puntos. Es muy claro el informe en las recomendaciones “sobre aspectos legales, de políticas y derechos humanos”: “Las leyes y políticas relativas al aborto deben proteger la salud y los derechos humanos de las mujeres. Se deben suprimir las barreras legales y de políticas que dificultan el acceso oportuno a los servicios de aborto seguro”.

La OMS estima que aún se siguen realizando alrededor de 22 millones de abortos inseguros por año, que causan la muerte de 47 mil mujeres y discapacidad en 5 millones.

“La importancia de la declaración de los organismos internacionales es que dan panoramas y consejos. Nosotros somos muy respetuosos de Naciones Unidas y solicitamos su ayuda, y creo que deberíamos seguir las recomendaciones en el tema Salud”, consideró Cecilia Lipszyc, socióloga de la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer, y opinó que “la población argentina está de acuerdo con la despenalización del aborto”, pero “el freno son sectores muy conservadores, la Iglesia y algunos representantes políticos”.

Clarín, 22-6-12

Río más 20:

ABORTO Y LA CULTURA DE LA MUERTE

Por P. Juan C. Sanahuja

El 13 de junio, se llevó a cabo uno de los “selectos eventos colaterales” de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible que se desarrolla en Río de Janeiro, llamada Río+20, en conmemoración de la Cumbre de Río de 1992 (ECO’92). Los días centrales, que congregarán a los jefes de estado o sus representantes serán el 20, 21 y 22 de junio. El día 13, comenzaron los llamados “eventos colaterales”. Las reuniones previas han sido incontables.

A la vez, se desarrollará la Cumbre de los Pueblos (Cupula dos Povos), que congregará a los grupos de la sociedad civil: ONG’s, pueblos originarios: grupos indigenistas de marcada ideología marxista y neomarxista, algunos relacionados con la teología de la liberación, que constituyen uno de los caballos de batalla de la reingeniería social anticristiana. En definitiva, con motivo de las reuniones oficiales como de la Cupula dos Povos, se reunirán en Río de Janeiro cerca de 3000 personas.

El así llamado selecto evento, al que nos referimos en el primer párrafo, fue organizado por el Fondo para la Población de las Naciones Unidas (FNUAP), la Royal Society del Reino Unido y el African Institute for Development Policy, sobre Población y Planeta: consumo y medio ambiente.

Aborto para conservar el medio ambiente

Como no podía ser de otra manera, Michael Herrmann, del Fondo para la Población de la ONU, afirmó que para llegar “al consumo y a la producción sostenibles”, se debía terminar con los aumentos demográficos insostenibles. Sólo así -dijo- se alcanzará la finalidad del desarrollo sostenible, que es el pleno bienestar humano garantizando la sostenibilidad del medio ambiente.

Eliya Zulu, del African Institute for Development Policy, hizo un llamado a imponer políticas anticonceptivas de “planificación familiar”, para frenar y revertir el cambio climático. “Debemos convencer a los líderes africanos que el incontrolado crecimiento demográfico tiene un impacto negativo directo sobre le medio ambiente”, dijo.

Paula Caballero, Ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, apostó a la universalización del control de natalidad, para “preservar el medio ambiente”, incluyéndolo plenamente en los objetivos para el desarrollo sustentable. Y fijó tres pautas para controlar “la alta fertilidad”: el “empoderamiento de las mujeres”, la provisión de anticonceptivos y la educación general, no sólo la llamada “educación sexual”. Es decir convertir todo el sistema educativo en un instrumento de propaganda anticonceptiva.

Suzana Cavenaghi, de la Latin America Population Association, hizo hincapié en extender la planificación familiar a los más pobres, ya que son los que más se reproducen. Es decir, castrar a los pobres, vieja aspiración de los ecologistas.

Algunas de las conclusiones fueron las esperadas: Prevención y control del SIDA, limitar las tendencias demográficas, planificación familiar universal y erradicación de la violencia de género, éstas últimas en el lenguaje internacional, son eufemismos de aborto y esterilización.

Cómo se preparan

La preparación del las organizaciones abortistas para Río+20 comenzó hace tiempo, por ejemplo, Women Environment and Develoment Organization (WEDO), que se mueve con mucha libertad en los ámbitos de la ONU, lleva más de un año (vid. WEDO’s Newsletter, 07-11-11), tratando de influir en la elaboración de los documentos oficiales de la Conferencia. Por ejemplo, su representante, Doris Mpoumou tuvo la palabra en la tercera reunión preparatoria de Rio+20, 26 de marzo de 2012.

A principios de año, el Instituto Aspen reunió en Washington a grupos ecologistas y feministas en una actividad llamada “Camino a Río: el cambio climático, población y sostenibilidad” para discutir nuevos enfoques del desarrollo sostenible, una de las conclusiones fue la de lograr que en los documentos oficiales de Río+20 se actúe para solucionar que 215 millones de mujeres en todo el mundo, no tienen acceso “a la información sobre salud reproductiva”. (Recordemos que salud reproductiva es otro eufemismo que significa aborto por medios químicos y quirúrgicos).

En la reunión participaron, Mary Robinson, ex-Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, abanderada del aborto y de los supuestos derechos de los homosexuales, y Carmen Barroso, Directora Regional para el Hemisferio Occidental de la International Planned Parenthood Federation (IPPF) , la internacional del aborto y la perversión de menores.

También a principios de año, se realizó una reunión en el Centro Internacional Woodrow Wilson, en Washington, bajo el título de "Salud de la Mujer: La clave para las estrategias de adaptación al clima", en el que el representante del Fondo para la Población de las Naciones Unidas, Daniel Schensul, afirmó que Río+20 es “clave” para conseguir "acceso universal a la salud reproductiva".

NOTICIAS GLOBALES, 14-6-12

Rechazo al aborto

ABORTO: TUCUMÁN SE PLANTA ANTE LA CORTE

Por Ricardo Bach de Chazal

El pasado 13 de marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la ejecución de un niño por nacer en la Provincia de Chubut y se permitió exhortar a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que implementen y hagan operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos que denomina como “no punibles” y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual; y, dirigiéndose al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les requirió abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles “previstos legalmente”. Dichas exhortaciones han comenzado a dar frutos amargos en algunas de las Provincias donde, por vía legislativa o por actos de los poderes ejecutivos locales se han ido dictando distintas variantes -más o menos amplias o restrictivas, según los casos- de protocolos de la muerte, ordenados a sistematizar la eliminación de niños por nacer en los mal llamados casos de “abortos no punibles”.

Hay en ello un “efecto cascada” provocado por la falsa idea de que hay que “acatar el fallo...”, cuando cualquier estudiante de segundo año de la carrera de derecho sabe –o debería saber- que la justicia que imparten los tribunales es la justicia del caso concreto y la sentencia sólo obliga en el caso respecto del cual se dicta y a aquéllos que han intervenido en condición de parte. El fallo de la Corte no es apto para crear normas generales, porque los Tribunales de Justicia no son órganos de legislación y están inhabilitados por su misma esencia para dictar normas o reglas de esa índole. Además, la Corte es un órgano de naturaleza federal (nacional) y, sea cual fuere el poder al que pertenece (obvio es que pertenece al judicial) carece por esa naturaleza de facultades para imponer reglas generales de actuación a las Provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que el “acatamiento” acrítico de las exhortaciones contenidas en el fallo implica la expresa renuncia al declamado (y nada más que declamado) federalismo y una expresa sumisión al  poder central que, en este caso, burlando el sistema republicano, se vale de la Corte de la Justicia Nacional para imponer sus criterios.

En la Provincia de Tucumán existen legisladores conscientes de esta realidad, que saben que la inviolabilidad de la vida de todo ser humano desde el instante de la concepción es una exigencia elemental de justicia, que en el ordenamiento jurídico argentino ha alcanzado jerarquía constitucional[1], lo cual es reiterado en términos inequívocos en la propia Constitución de la provincia, que en su artículo dice que “Dentro de la esfera de sus atribuciones, la Provincia procurará especialmente que las personas gocen de los siguientes derechos: 1º) A una existencia digna desde la concepción con la debida protección del Estado a su integridad psicofísica con la posibilidad de disponer de una igualdad en las oportunidades…” y que en su artículo 146, último párrafo, dispone que “El Estado garantizará el derecho a la vida desde la concepción.”

Es por ello que en orden a honrar cabalmente esos principios, de justicia y de derecho positivo, han sido presentados en la Legislatura de la Provincia tres proyectos de ley que suscitan nuestra atención.

El primero, de la legisladora radical Silvia Elías de Pérez (Expediente 62-PL-12), con expresa mención de la norma del artículo 40, inciso 1° de la Constitución Provincial, establece en un solo artículo dispositivo la prohibición de que el sistema de salud aplique protocolos para que se practiquen abortos.

El segundo, del legislador Sisto Terán (Expediente 80-PL-12), cofirmado por otros 11 legisladores oficialistas: Roque Tobías Álvarez, Beatriz Ávila, Gerónimo Vargas Aignasse, Ramiro González Navarro, Ramón Graneros, Alfredo Toscazo, José Antonio Teri, José Gutiérrez, Gregorio García Biagosh, Alejandro Martínez y José Orellana. Los alperovichistas ordenan suspender en el ámbito de todo el territorio de la Provincia “la aplicación de cualquier procedimiento administrativo que implique en la práctica desconocer el principio constitucional de reconocimiento y respeto a la vida humana desde el momento de la concepción”.

En cuanto al tercero, presentado por el legislador José Páez (Expediente 75-PL-12), del monobloque de la Democracia Cristiana, se ordena a la protección integral de la mujer embarazada en situación de conflicto, disponiéndose en su artículo 1° que “Se ordena esta ley a la protección de la persona por nacer desde el primer instante de la concepción, entendiendo por tal la fecundación del óvulo humano por el gameto masculino de la misma especie. Dicha protección se efectivizará a través del apoyo material y espiritual a la mujer embarazada en situación de conflicto”.  Por los restantes artículos, se dispone la creación de un fondo Provincial para la Vida administrado por la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (arts. 3 y 5), cuyo destino será el apoyo a la mujer embarazada en situación de conflicto, a través de instituciones públicas o privadas (arts. 6° y 7°), que tendrán como cometido el apoyo material y espiritual de la mujer embarazada en situación de conflicto para que acepte y proteja a su hijo y no interrumpa el proceso gestacional (art. 8°).

Es de esperar que el ejemplo de Tucumán sea imitado en otras jurisdicciones, donde es  nuestro deber exigir que los legisladores verdaderamente comprometidos con la defensa de la vida desde la concepción, adopten una postura clara e inequívoca, alejada de los “malminorismos” con los que, se “matará a menos”, pero, en cualquier caso, siempre quedará alguna víctima inocente en el camino.

¡Felicitaciones a los tucumanos que se jugaron por la vida!

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[1] Entre otros arts. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica, 2° de la Ley 23.849, declaración argentina al ratificarse la Convención sobre los Derechos del Niño y artículos 3 y 6 de este último instrumento.

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NOTIVIDA, Año XII, Nº 830, 05 de junio de 2012