Por Lisa Correnti y Wendy Wright
La misma semana en la que Hillary Clinton, Secretaria de Estado de los Estados Unidos, dio una conferencia en Senegal sobre la planeación de la familia diciendo que es “un derecho básico,” el Congreso de los Estados Unidos estaba investigando el rechazo de la administración de Obama de un grupo altamente calificado para recibir un apoyo para ayudar a las víctimas de traficantes debido a que no ofrece contracepción y aborto. En su lugar, el apoyo fue dado a un grupo que “no tenía ningún plan sobre cómo se lograrían los objetivos.”
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos [HHS.- por sus siglas en inglés: Health Human Services] ha establecido nuevos criterios para apoyos contra el tráfico mandando a esos solicitantes a ofrecer servicios completos de salud reproductiva a víctimas, equiparando contracepción y aborto con derechos básicos como comida y techo. Luego, HHS negó su ayuda a un solicitante experimentado y previamente aprobado, la Conferencia Episcopal Católica de los Estados Unidos [USCCB.- por sus siglas en inglés.- U.S. Catholic Conference of Bishops] debido a que no proporcionaba contracepción y aborto. El programa ha rescatado a más de 3,000 hombres, mujeres y niños de ser traficados a los Estados Unidos para sexo y comercio de mano de obra en los últimos cinco años.
Un documento interno del HHS obtenido a través del Miembro del Congreso, Darrell Issa, Presidente del Comité de Supervisión, reveló que a la USCCB la habían recomendado evaluadores objetivos para recibir $2.5 millones pero HHS lo pasó por alto a favor de dos solicitantes sub estándares que se referirían al aborto. Los evaluadores dijeron que a uno de los programas elegidos le faltaba "detallar sobre áreas del programa clave, no tenía plan sobre cómo se cumplirían los objetivos y aún faltaron los resumes para los empleados clave, incluyendo el del director del programa.”
De la misma manera, la Secretaria Hillary Clinton de los Estados Unidos dio una conferencia en Senegal diciendo que la planeación familiar es un “derecho básico;" dirigiendo la 2ª. Conferencia Internacional sobre la Planeación Familiar, Clinton llamó a acelerar los esfuerzos “para asegurar que todas las mujeres tengan acceso a la planeación familiar y servicios y cuidado sobre salud reproductiva.” El Dr. Babatunde Osotimehin, Director del Fondo de Población de los Estados Unidos, le dijo a los asistentes, “la Planeación Familiar es oxígeno—obtenerlo es un derecho.”
Beth Englander, quien supervisa el Programa Anti Tráfico USCCB, le dijo a Friday Fax que la gran mayoría de víctimas nacidas de extraños eran traficados como mano de obra. “El programa pretendía proporcionar apoyo a víctimas que estuvieran buscando ayuda de alojamiento, alimento, vestido y ayuda legal. Además, las víctimas femeninas recibieron tratamiento para el cuidado OB-GYN de rutina, para incluir Estándares y heridas físicas.” Englander cree que la mayoría de las víctimas sexualmente traficadas tuvo acceso a la contracepción a través de varios recursos. “Estos arreglos hubieran existido antes de su rescate y entrada al programa USCCB y en los intereses de los traficantes.”
El Dr. Jeffrey Barrows, quien trabaja con víctimas recuperadas del tráfico, dice que la nueva política de HHS podría herir a mujeres traficadas: “daño posible podría ocurrir si el enfoque de un consejero proabortista se tomara con una víctima justamente fuera del escenario del tráfico que no haya tenido el tiempo adecuado para restablecer su autonomía.” Muchas víctimas traficadas experimentan dependencia traumática por su abusador conocido como Síndrome de Estocolmo.
“Esta dependencia en otros, podría llevarse al estado posterior de cuidado en donde ellas casi prefieren que otros les digan lo que deben hacer en ciertas situaciones sin haber formado adecuadamente una opinión de ellas mismas,” esto fue lo que le dijo Barrows a Friday Fax.
El Miembro del Congreso Chris Smith, autor de la Ley del 2000 de Protección a Víctimas del Tráfico, expresó su disgusto con las acciones de HHS. “Favoritismo pernicioso proaborto, se incrustó en este proceso mayúsculamente erróneo, genera un perjuicio grave a las víctimas del tráfico.”
WASHINGTON, DC, 9 de diciembre (C-FAM)
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