miércoles, 6 de noviembre de 2024

¿COMETEN CRÍMENES

 


 contra la humanidad los Pro-vida?

 

By Stefano Gennarini, J.D.

 

NUEVA YORK, 18 de Octubre 2024 (C-Fam)

 

Un nuevo tratado sobre crímenes contra la humanidad está resultando más controvertido de lo esperado, ya que se encontró con obstáculos en la Asamblea General. El tratado podría hacer que la negación del aborto sea un crimen contra la humanidad y ampliar el delito internacional de “persecución por motivos de género” para que incluya la defensa, las leyes y las políticas que protegen el matrimonio hombre-mujer y niegan las políticas transgénero.

 

El proyecto de tratado consagra una definición abierta del “género” como construcción social que incluye la orientación sexual y la identidad de género. Esto abre la posibilidad de nuevos crímenes contra la humanidad basados en la oposición a las políticas liberales con respecto a “orientación sexual e identidad de género”.

 

La Santa Sede expresó su preocupación por la omisión de la definición biológica del género que ha sido la definición en el derecho internacional desde la creación de la Corte Penal Internacional. “Ni la práctica estatal ni la opinio iuris apoyan una definición de género diferente a la que figura en el Estatuto de Roma”. El delegado de la Santa Sede también advirtió que “la falta de una definición clara del género arraigada en la realidad biológica de los dos sexos socavaría nuestros esfuerzos para prevenir y procesar aquellos crímenes que afectan desproporcionadamente a las mujeres, como la violación, la esclavitud sexual y la prostitución forzada”. La Santa Sede también se opuso a los intentos de cambiar la definición de “embarazo forzado” para incluir la denegación del aborto.

 

Las agencias de la ONU han sido transparentes en la promoción de la orientación sexual e identidad de género como una clase protegida internacionalmente, incluyendo amenazas para tratar el cabildeo pro-familia y la actividad política en oposición a políticas homosexuales/transgénero como un crimen contra la humanidad.

 

Según una Política sobre la Persecución de Género de 2022 del fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya, la persecución de género puede incluir ampliamente cualquier “privación grave de los derechos fundamentales por sí sola o cuando se considera acumulativamente”. Tales privaciones pueden ocurrir tanto a través de la violencia o a través de cualquier “regulación que puede afectar a las personas en todos los aspectos de la vida”. Esto incluye “sus opciones reproductivas y familiares, con quién pueden casarse, si pueden asistir a la escuela, dónde pueden trabajar, cómo pueden vestirse y si simplemente se les permite existir”.

 

Las delegaciones occidentales y los organismos de la ONU también han sido abiertos sobre su intención de promover la “negación del aborto” como un nuevo crimen contra la humanidad. Según un informe reciente de ONU Mujeres, preparado junto con el grupo pro-aborto Global Justice Center, la negación del aborto es una forma de “violencia reproductiva” y “persecución de género” que puede elevarse al nivel de crimen contra la humanidad.

 

La controversia sobre cuestiones sociales se añadió al tratado cuando la Comisión de Derecho Internacional decidió unilateralmente eliminar una definición de “género” que se refiere únicamente a hombres y mujeres según su sexo biológico. Esa definición, que todavía forma parte del derecho penal internacional a través del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, estará sujeta a recorte si las negociaciones futuras se basan en el nuevo proyecto de tratado.

 

El proyecto de tratado ha estado estancado en la Asamblea General desde 2019, cuando fue preparado por primera vez por la Comisión de Derecho Internacional. Los países occidentales progresistas amenazaron con aplastar las objeciones para avanzar a una etapa final de las negociaciones esta semana. Los países africanos, árabes y asiáticos, incluidos la India, China, la Federación de Rusia y todo el Grupo árabe insistieron en que la Asamblea General debería tardar más tiempo en llegar a una decisión unánime, como es la costumbre cuando se trata de nuevos tratados internacionales vinculantes.

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