Steve Mosher
Steve Mosher, presidente del Instituto de Investigación en Población (Population Research Institute), una organización sin fines de lucro dedicada a desmontar la falacia de la sobrepoblación en el mundo, publicó un informe sobre los resultados de una investigación realizada por el Instituto, en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según ese informe, una de las mayores amenazas en América Latina es el apoyo que la OEA estaría dando a un proyecto de tratado internacional para la región denominado “Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos”. Esta Convención sería el primer documento vinculante que reconocería los llamados derechos sexuales y reproductivos.
Esto ocurriría tras quince años de infructuosos intentos, desde las Conferencias de El Cairo y Pekín, el conglomerado de organizaciones internacionales abortistas y algunos funcionarios de la ONU y de la OEA, de incorporar esos polémicos conceptos en ningún instrumento del derecho internacional que tenga carácter vinculante.
El texto menciona entre estos supuestos “derechos”: la “interrupción voluntaria del embarazo” (nombre con el que se evita pronunciar la palabra aborto), el reconocimiento de la identidad de género y todo tipo de orientación sexual (expresiones con las que se oculta la promoción de la homosexualidad) en un pretendido intento de elevarlos a la categoría de derechos humanos.
De ser aprobada esta Convención, los Estados estarían obligados a reconocer, garantizar e instrumentar servicios para el pleno ejercicio de los “derechos sexuales y reproductivos”.
Asimismo, la objeción de conciencia sería limitada al máximo y el Estado estaría obligado a reemplazar “sin dilaciones” a los objetores.
Desde que la delegación de Venezuela ante la OEA pidió auspiciar este proyecto en la Asamblea General de 2009, una gran campaña de apoyo a la Convención se está desarrollando por diversas ONGs en la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Por ejemplo, un día antes de la última Asamblea General de la OEA realizada en junio de 2010 en Lima lograron realizar un encuentro previo. En esa ocasión los representantes de la campaña a favor de esta Convención se reunieron con el Secretario General de OEA, el chileno José Miguel Insulza. Una de ellas fue Karen Borges Queiroz, miembro de la delegación oficial del Brasil para la Asamblea General de la OEA y una de las líderes de las autotituladas “Católicas por el Derecho a Decidir” de su país.
La situación es aún más preocupante por la conocida opción abortista de Insulza. Cuando fue candidato presidencial en su país en 2008, declaró abiertamente que despenalizar el aborto terapéutico era parte de su campaña.
Por otra parte, no son pocos los altos funcionarios de la OEA que también son partidarios del aborto. Mirta Roses, directora de la Organización Panamericana de la Salud, expresó abiertamente su opción pro aborto desde que fuera elegida en Octubre de 2002. También la recién elegida presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, Rocío García Gaytán, quien usó el cargo de presidenta del Instituto Nacional de Mujeres de México para sumarse a los grupos abortistas, oponiéndose a las reformas constitucionales que protegen el derecho a la vida desde la concepción en 17 estados de su país.
Creen que el momento es propicio pero trabajan en la sombra
A pesar de toda esta efervescencia en el mundo de las ONGs, en la última Asamblea General de Lima (junio de 2010) y en la última reunión de la Comisión Interamericana de Mujeres no se mencionó el tema de la Convención.
Expertos como Marie Smith (Parliamentary Network for Critical Issues) y Piero Tozzi (Consejero Legal Senior de Alliance Defense Fund) manifiestan que la Convención se sigue trabajando privadamente al interior de diversas instancias de la OEA y podría ser aprobada sin ningún debate en la próxima Asamblea General por realizarse en El Salvador en junio de 2011.
Este mismo modus operandi de aprobación sin debate fue observado en la Asamblea General de Lima. En esa ocasión, Population Research Institute-América Latina, junto a algunas organizaciones pro familia, hicieron el seguimiento a un proyecto de resolución de la OEA sobre “Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género”. Esta resolución fue finalmente aprobada dentro de un paquete de 443 páginas de 89 resoluciones votadas en conjunto a mano alzada. Cuando algunos de los participantes pro familia presentes protestaron, se argumentó que todas estaban previamente acordadas.
Sus promotores creen que las condiciones son ideales para generar un documento vinculante que cambiaría el status legal de todos los asuntos sobre Vida y Familia en la mayoría de los países de América Latina. Nosotros en Population Research Institute no nos vamos a quedar con los brazos cruzados.+
Washington (Estado Unidos), 8 Feb. 11 (AICA)
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