Alta Comisionada

prosigue con campaña por derechos LGBT pese a contratiempos

Por Stefano Gennarini, J.D.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, no es alguien que rehúya la polémica. Los estados miembros de la ONU se quejan repetidamente de los intentos por convertir la orientación sexual y la identidad de género en categorías del derecho internacional, pero Pillay se rehúsa a abandonar la idea de hacer de esto una prioridad.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) continúa encabezando iniciativas para hacer que los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sean derechos humanos. Los esfuerzos abarcan desde la participación activa en la defensa de estos dentro del sistema de la ONU hasta la difusión de publicaciones atractivas dirigidas a la gente, como la última emitida, que se denomina «Nacidos libres e iguales: orientación sexual e identidad de género en el derecho humano internacional».

Esta reciente edición expone cinco «obligaciones jurídicas fundamentales de los estados con respecto a la protección de los derechos humanos de las personas LGBT» a las que, según la OACDH, los estados miembros de la ONU ya están sujetos. Ellas son: proteger a los individuos de la violencia homofóbica y transfóbica; prevenir la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante de las personas LGBT; despenalizar la homosexualidad; prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género; respetar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

En el prólogo de la publicación, Pillay reitera la afirmación de que el reconocimiento de la orientación sexual y de la identidad de género en el derecho internacional no requiere la creación de nuevos derechos.

No obstante, la OACDH está exigiendo a los países que modifiquen sus leyes de manera sustancial. Estos cambios incluyen, entre otros, que se deroguen las leyes que prohíben las conductas sexuales de mutuo acuerdo entre adultos del mismo sexo, que se establezcan grupos de trabajo sobre el delito y mecanismos de gestión de registros para  la violencia contra las personas LGBT, que se creen categorías de asilo para las personas LGBT y que se extiendan los beneficios de los que gozan las parejas casadas a aquellas entre personas del mismo sexo.

La nueva publicación,  disponible en Internet desde septiembre, vino justo después de un pésimo año para quienes promueven la orientación sexual y la identidad de género en las Naciones Unidas.

La Asamblea General de la ONU no consideró el tema el otoño pasado, durante la sesión plenaria, a pesar de que la discusión de estos términos era característica de las sesiones de años anteriores. De hecho, la Organización para la Cooperación Islámica (la mayor organización internacional aparte de la ONU en sí) amonestó a Pillay por utilizar dichos términos al rendir cuentas ante la Asamblea General el año pasado.

Los diplomáticos de países que adoptan valores y políticas sociales tradicionales rechazaron los intentos de aprobación de una resolución de la Asamblea que reconocía nuevos derechos para las personas LGBT durante la mayor parte de la década pasada. Pero sus opositores lograron recabar el apoyo de la burocracia de la ONU, y, lo que es más importante, del Secretario General y de la oficina de Pillay. Esto significa que los derechos LGBT seguirán siendo puestos en conocimiento de los delegados, aunque sólo sea por medios administrativos. 

La presión de la burocracia de la ONU, así como la de los países donantes ricos, puede ser provechosa para quienes desean que se reconozca esta nueva categoría de no discriminación. En 2008, cuando ambos lados se enfrentaron en la Asamblea General de la ONU, 68 estados miembros estuvieron a favor de que se aceptara la orientación sexual y la identidad de género, y 60 se opusieron a ello. Los 64 restantes todavía podrían marcar la diferencia.

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

NUEVA YORK, 19 de octubre (C-FAM)