Por Juan Bacigaluppi
El 9 de septiembre, el Senado de Uruguay dio sanción definitiva al proyecto de ley que iguala las condiciones para adoptar entre matrimonios y uniones concubinarias, incluidas las compuestas por homosexuales. Por segunda vez, la mayoría oficialista del Frente Amplio, que responde al presidente Tabaré Vázquez, votó a favor del proyecto. En este caso, aceptó las modificaciones que introdujo la Cámara de Representantes y se impuso por 17 votos a favor sobre los 23 senadores presentes. La Cámara de Senadores cuenta con 30 miembros.
El 27 de agosto pasado, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto con los votos a favor de 40 de los 53 legisladores presentes. Esta Cámara cuenta con un total de 99 diputados.
El proyecto, llamado Modificaciones al Código de la niñez y adolescencia referidas a la adopción, había tenido origen en el Senado, que lo aprobó el 16 de julio de 2008, por 17 votos a favor de los 25 senadores presentes en esa sesión.
Así, Uruguay devino en el primer país de Iberoamérica en el que parejas de homosexuales pueden adoptar legalmente.
10 parejas “legales” de homosexuales
La promotora de la ley fue la senadora Margarita Percovich, conocida por su militancia abortista y pro-gay, (vid. NG 432, 662, 866, 875). Percovich impulsó la ley de uniones concubinarias, sancionada en diciembre de 2007, que legalizó a las parejas del mismo sexo. Desde entonces no dejó de batallar para conseguir que éstas pudieran adoptar niños.
De acuerdo con el diario El País de Montevideo (10-09-09), un periódico que no puede ser calificado de confesional bajo ningún aspecto, hasta julio de 2009 se habían acogido a la ley de uniones concubinarias sólo 20 parejas, a las que supuestamente benefician las nuevas normas sobre adopción, y de éstas sólo “la mitad de los casos corresponden a parejas formadas por personas del mismo sexo”.
Una ley sectaria
Hasta ahora, los que se ocupaban de los temas relativos a la adopción, eran los jueces civiles y el Movimiento Familiar Cristiano (MFC). La nueva ley los erradica y el Estado se apropia de los menores. Cesa en sus funciones el Movimiento Familiar Cristiano (MFC), “una ONG dedicada a solucionar el problema de la orfandad, con una trayectoria de cuarenta de años, que es la institución sin fines de lucro señera en este campo. Ampliamente respetada por la forma en que ha cumplido con esta labor a través del tiempo” (El País, 18-04-09).
Los jueces quedan a merced del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) al que la ley otorga poder de decisión absoluto sobre las adopciones. El INAU es un organismo ideologizado que ni siquiera cumple las finalidades que tenía antes de aprobarse la ley.
Afirma El País: “la redacción de la ley demuestra que una de sus principales finalidades es la de otorgar al INAU y solo a su burocracia, el monopolio de las adopciones, como lo indica el artículo n° 136 que dice así: El único órgano competente para la selección y asignación de familias adoptivas es el INAU, a través de equipos especializados y el Registro Único de Adopción. De esta manera se desplaza el protagonismo de los magistrados y de una organización como la del M.F.C. (…) En el propio INAU ocurren lamentables demoras, quedando los chicos a veces arrumbados durante demasiado tiempo, lo que dificulta luego su inserción en una familia, como lo mencionó el propio Víctor Giorgi, entonces director de la Institución. La cual además, deja mucho que desear en muchos campos, como por ejemplo, su fracaso notorio en la recuperación de los jóvenes infractores o el terminar con los niños de la calle”. (El País, 18-04-09).
En definitiva la ley, que aún debe ser promulgada por el presidente Tabaré Vázquez (NG 936, 938) es un instrumento de la reingeniería social anticristiana del nuevo orden mundial. No se busca el bien de los niños, sino la desaparición de la noción de familia como la unión de un hombre con una mujer, la aceptación social y jurídica de la homosexualidad, y la apropiación de los niños por parte del Estado. Las Modificaciones al Código de la niñez y adolescencia referidas a la adopción, siguen casi al dictado los postulados de la Escuela de Frankfurt que infectan al nuevo orden.
A mediados de agosto, en una carta pastoral, Mons. Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo y Presidente de la Comisión para la Familia de la Conferencia Episcopal del Uruguay, declaró que el proyecto de ley violaba gravemente el orden natural.
NOTICIAS GLOBALES, 11-9-09
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