Deformación de formadores

Mons. Héctor Aguer

Orientaciones oficiales sobre Educación Sexual

Se está difundiendo actualmente un documento de 302 páginas titulado Material de formación de formadores en educación sexual y prevención del VIH/SIDA. Se trata de un emprendimiento oficial, que procede de los ministerios de Educación y de Salud de la Presidencia de la Nación; una realización regional del Proyecto de Armonización de Políticas Públicas para la promoción de Derechos, Salud, Educación Sexual y Prevención del VIH/SIDA en el Ámbito Escolar, con el auspicio de ONUSIDA y otros organismos internacionales. Lleva también otro nombre: Proyecto Conjunto País. El texto es una recopilación de escritos dispares, pero unificados por una opción claramente ideológica, que no refleja la variedad de posiciones que pueden adoptarse en una materia tan esencial y que ha sido objeto de discusiones en distintos ámbitos, sobre todo en la comisión creada oportunamente por el Ministerio de Educación de la Nación para definir los lineamientos curriculares de Educación Sexual. Por su tenor parece otra imposición totalitaria del Estado, sobretodo teniendo en cuenta la delicadeza del asunto, ya que en ninguna de sus propuestas toma en cuenta la libertad de conciencia, tanto de los alumnos como de sus padres, garantizada por la Constitución y la misma Ley de Educación Nacional.

La ideología de género se expresa en este documento con el máximo rigor. Se presenta esa perspectiva como el instrumento para modificar significados y prácticas que, según tal visión reduccionista, son construcciones obstaculizadoras que impiden el acceso efectivo a los derechos que se enuncian, referidos al ejercicio de la sexualidad. El propósito de modificar conductas tiene una meta privilegiada de carácter sanitario, prevenir la infección del virus de inmunodeficiencia humana y de otras enfermedades de transmisión sexual. Pero también es fuerte el acento sociológico-político, ya que en varias de las contribuciones recopiladas se enfoca la sexualidad desde la dialéctica del poder. La promoción del uso del preservativo es sólo el aspecto más superficial de esta propuesta (una obsesión de las políticas oficiales, engañosas, además); el designio profundo es la “desconstrucción” de una concepción de la sexualidad de acuerdo al orden natural y a la tradición cristiana.

Desde el comienzo de esta publicación desigual y farragosa la sexualidad es presentada como una construcción histórica y sociocultural. Es lo propio de la ideología de género, según la cual lo masculino y lo femenino, el ser varón y el ser mujer, no surge de una diferencia biológica y mucho menos se identifica con ella, sino que procede de la evolución de la cultura y es, por lo tanto, cambiante. Una persona sería varón o mujer porque es tributaria de una determinada tradición cultural que le ha impuesto estereotipos, porque desde la primera infancia han modelado a esa persona para que se comporte como varón o como mujer. La perspectiva de género establece una escisión en la realidad viviente de la persona humana: por un lado lo biológico, físico y corpóreo; por otro, la libertad, la creatividad que caracteriza a un ser personal y sus manifestaciones en la conducta y en la cultura. Siguiendo las huellas de Descartes se desprecia lo biológico, que suele identificarse, sin más, con lo natural, ya que en esta concepción antropológica no se reconoce la existencia de una naturaleza de la persona y de sus actos. El hombre sería pura libertad creativa, fuente de incesante autoconstrucción y, en consecuencia, capaz de hacer con su bíos lo que quiera, incluso hasta de transformarlo según sus fantasías y sus trastornos de personalidad. Una recta antropología reconoce la compleja armonía de una unidad viviente, en la que se verifica una continuidad entre lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Aquella escisión es la base para afirmar, en la perspectiva de género, la elección de la orientación sexual. La brecha estipulada entre sexo y género explica también que, en la presentación de la sexualidad que se ofrece en el documento que comentamos, jamás se hable del amor. El sexo, al parecer, no tiene nada que ver con el amor; la rica problemática filosófica, e histórico-cultural sobre las relaciones entre eros y agápe, entre el deseo y el don, no tiene cabida en esa visión reduccionista de la sexualidad.

Llama la atención el uso que se hace en el texto de la noción de sexualidad integral. Parece designarse con ese nombre los diversos usos y discursos a los que se subordinan los cuerpos, en los cuales se inscriben los géneros, es decir, las diversas identidades sexuales: femenino, masculino, “trans”, etc. De hecho, en el contexto, la nota de integral equivale a un plural: se llama sexualidad integral a las sexualidades; la apertura a la diversidad subraya el desprecio del bíos y la escisión antes señalada. Bajo el amparo del género caben los diversos comportamientos sexuales: así se otorga carta de ciudadanía a la homosexualidad y sus variantes. Es éste otro propósito recurrente en el documento.

Uno de los “materiales” incluidos en la recopilación es un artículo de la profesora Graciela Morgade, ex funcionaria del área educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La autora afirma que el significado que se otorga a la sexualidad y las dimensiones que se incluyen en esas definiciones, son producto de relaciones sociales de poder. Y también lo son las normas que regulan “qué” hacer con nuestra sexualidad, “como” vivirla. Siguiendo a Jeffrey Weeks nos presenta como herederos de una tradición absolutista judeo-cristiana, articulada desde el siglo XVIII con la familia tradicional burguesa del capitalismo moderno. Esta mascarada sirve para descalificar toda moral sexual. No falta tampoco la mención a Michel Foucault, en quien se inspira Morgade para afirmar que la sexualidad es una cuestión política, hasta tal punto que, cuanto más se la niega o reprime socialmente, más se la alude, más se la nombra. Pero también que, y en particular en la escuela, no basta con nombrarla para habilitar discursos liberadores.

Me detengo todavía en esta autora para señalar un párrafo inquietante de su artículo, en la página 33 de la colección. Se refiere al enfoque de educación sexual propio de los servicios educativos de gestión privada, que según ella sigue un modelo moralizante. He aquí el pasaje: Esta perspectiva es contradictoria con la vocación universalizante de la escuela pública y es más apropiado para los servicios educativos de gestión privada que sostienen un ideario explícito que las familias conocen y eligen. Sin embargo, aun con la libertad de construcción del proyecto pedagógico institucional de la que gozan los establecimientos y la libertad de elección por parte de las familias, existen leyes nacionales e internacionales con respecto a los derechos de niños/as y jóvenes a recibir información que también limitan y brindan un marco común de ciudadanía que ningún proyecto educativo debería omitir. Es evidente que estos enfoques aportan contenidos que constituyen el corpus de la educación para la sexualidad en la escuela. Sin embargo, suelen parcializar la cuestión, tienden a silenciar las realidades de niños/as, jóvenes y adultos/as, y por acción u omisión, terminan reforzando las relaciones de poder hegemónicas. Deslizo dos rápidas observaciones. Es admirable la inversión de las calificaciones, ya que se atribuye universalidad a la visión torcida, reduccionista, de la sexualidad, propia de la ideología de género, que el Estado impone arbitrariamente en la escuela “pública” (debería decir: de gestión estatal), atropellando la libertad de conciencia de los alumnos y de sus padres, y en cambio se señala como parcializante el enfoque que integra un “ideario explícito” en las escuelas públicas de gestión privada, que en el caso de las católicas presenta integralmente la realidad humana de la sexualidad, incluyendo todas sus dimensiones y también, por supuesto, el amor, la libertad y la responsabilidad moral. En segundo lugar, no me parece pecar de suspicaz al reconocer una velada amenazada a la libertad de enseñar y aprender la verdad, cuando se menciona la posible aplicación de leyes nacionales e internacionales que declaran y tutelan derechos de niños y jóvenes. Digámoslo claramente: leyes inicuas, presuntos derechos. El Estado, para ejercer su inclinación totalitaria, posee una herramienta democrática: un marco común de ciudadanía.

La inspiración neomarxista, que recuerda en cierta medida al feminismo libertario de Shulamith Firestone, se advierte en varios de los elementos que componen la recopilación de materiales. En ellos se subraya la interpretación de la sexualidad según la dialéctica del poder. Además, se insiste en que el uso, disfrute y cuidado del cuerpo (a eso se reduce la realidad plenaria, bella y sagrada de la sexualidad humana) están fuertemente condicionados por la situación socioeconómica y educativa, las costumbres y valores del grupo social de pertenencia y las relaciones hegemónicas de género. Sin negar el posible influjo de algunos de esos factores, es inaceptable el reduccionismo antropológico: ninguna referencia a la realidad propiamente humana, personal, de la sexualidad, que incluye la dimensión ética y espiritual. En todo caso, el valor moral y la espiritualidad quedan subordinados a las relaciones de poder que se verifican en la construcción social de la sexualidad.

El planteo constructivista se propone como medio eficaz para superar estereotipos, los que se fijan cuando se educa al varón como varón y a la mujer como mujer. En el fondo, el constructivismo detesta la distinción y la complementariedad de los dos sexos y con el propósito de liberar a la mujer la masculiniza y destruye su femineidad. Cito: no existe una “esencia” femenina o masculina, formas de ser o comportamientos inmutablemente propios y distintos de varones y mujeres, sino que a partir de las diferencias de sexo biológico, se construyen producciones culturales y políticas sobre lo masculino y lo femenino. La revelación bíblica, iluminando y confirmando el orden natural de la creación, nos enseña, en cambio, que la imagen divina en la criatura humana se verifica en la forma irreductiblemente doble, y a la vez complementaria, del varón y la mujer, en la unidad de los dos.

La perspectiva de género se propone modificar los roles sexuales (y no se trata simplemente de admitir que la mujer trabaje fuera de casa y que el varón cuide al bebé), sino alterar la constitución de la familia y de la sociedad, con consecuencias impensables para el futuro de la humanidad. Con el propósito de criticar un discurso que intentaría circunscribir la participación de las mujeres a cuestiones reproductivas, se menoscaba, por no decir que se desconoce la vocación maternal que es propia de la condición femenina, de su genio, y que constituye su gracia peculiar; desprecia asimismo su lugar irreemplazable en la familia, en la familia sin más, según el orden natural, y no en cierto tipo de familia, como se dice con cierto dejo despectivo en el texto. La potencialidad destructiva del orden familiar, de la que está cargado este documento oficial, se manifiesta, por ejemplo, en el siguiente enunciado: la perspectiva de género requiere de un proceso comunicativo que la sostenga y la haga llegar al corazón de la discriminación: la familia. El “empoderamiento” de la mujer, como superación de las relaciones hegemónicas de poder, implica introducir la potencia destructiva de la dialéctica en el seno de la familia. Es el planteo habitual del feminismo extremo.

El “enfoque de derechos”, como se lo llama, proclama para los niños y adolescentes el derecho al sexo como un derecho humano, y concretamente: a decidir tener o no tener relaciones sexuales, libres de todo tipo de coerción y violencia y a no sufrir ninguna consecuencia no deseada de esas relaciones. Derecho, también, a recibir educación sexual temprana y adecuada para evitar esas consecuencias y a alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva. Ni amor, ni responsabilidad, ni matrimonio, ni familia como proyecto de vida. Se confiesa explícitamente que la educación sexual excluye la formación en las virtudes, el aprecio y respeto de los valores esenciales que constituyen a la persona en su auténtica perfección. Así se dice, en un texto debido a Eleonor Faur: la educación en sexualidad es, en definitiva, un tipo de formación que busca transmitir herramientas de cuidado antes que modelar comportamientos. En suma, por educación sexual se entiende la reivindicación del derecho a fornicar lo más temprano posible, y sin olvidar el condón. Se afirma expresamente que la Escuela debe orientar sobre el uso exclusivo del preservativo como único medio de protección eficaz en la relación sexual, frente al VIH, tanto para los varones como para las mujeres. ¿No sería más eficaz e indudablemente segura la abstinencia de relaciones sexuales prematuras e irresponsables?

La orientación de este programa “educativo” a partir de la afirmación de los derechos de los niños y adolescentes conduce a excluir la autoridad de los padres y los derechos y deberes que brotan de la patria potestad, tutelados por la Constitución Nacional, las leyes y las diversas Convenciones Internacionales suscritas por la República Argentina. Una verdadera subversión del orden jurídico. Se avizora un peligroso avance totalitario sobre la libertad de conciencia (no se menciona para nada en el texto la posible objeción) y sobre la libertad de enseñar y aprender, no sólo la de los docentes y alumnos de las escuelas de gestión privada, que pueden verse obligados a aceptar contenidos incompatibles con los respectivos idearios institucionales, sino también la de los que enseñan y aprenden en las escuelas estatales, a los que no se les puede imponer sin injusticia manifiesta una concepción del hombre contraria a sus convicciones. La tan mentada neutralidad religiosa del Estado en el ámbito educativo, el célebre laicismo escolar, no es compatible con la imposición de una dogmática constructivista y atea que resulta una especie de religión secular, ajena a la tradición nacional y a los sentimientos cristianos de la mayoría de nuestro pueblo.

+ Héctor Aguer
Arzobispo de La Plata
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NOTIVIDA, Año IX, nº 607, 28 de julio de 2009